El PP quiere hacer un listado con todas las posibles víctimas de una ablación

Alrededor de 130 millones de mujeres del mundo han sido víctimas de la ablación. Según UNICEF, cada año tres millones de niñas, de entre cuatro y 14 años, sufren "la estirpación o corte de parte o partes de los genitales externos de las mujeres". El Partido Popular considera que la lucha actual contra esta práctica en España es incompleta. De ahí que considere necesario incluir entre los puntos del "Contrato de Integración" de inmigrantes, propuesto el miércoles por Mariano Rajoy, el respeto a las leyes españolas, como "no practicar la mutilación sexual femenina".

M.L.

Kadhy Koita dedica su libro a Rajoy.

Según ha explicado a soitu.es Percival Manglano, director de Cooperación al Desarrollo, lo novedoso de la propuesta del PP es que se pretende hacer un listado con la población de riesgo para poder hacer un seguimiento detenido de estas mujeres. Un procedimiento que ya existe en la Comunidad de Madrid, donde hay contabilizadas 456 mujeres como posibles víctimas.

Otra de las propuestas del PP es establecer un código que obligue a los médicos a denunciar este tipo de prácticas. Este punto, sin embargo, no es tan novedoso. Según explica la presidenta de la Asociación de Mujeres Antimutilación (AMAM), en España existe desde enero de 2007 un protocolo de actuación que obliga a profesores, servicios y pediatras (como recoge el artículo 16,1 de su Código de Ética y Deontología Médica) a denunciar esta práctica tipificada como delito por el Código Penal (artículo 149 de la Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre) y que está castigada con penas de 6 a 12 años de cárcel.

Para la presidenta de AMAM ésta es la mejor forma de prevenir porque "entre los subsaharianos está muy mal visto haber estado en la cárcel, ya que un persona que haya estado en prisión queda marcada de por vida".

El riesgo está en las vacaciones

Sin embargo, a pesar de las leyes existentes y del protocolo de actuación, según AMAM, existe un vacío legal en el control de las ablaciones. La población que se puede considerar 'de riesgo' no tiene obligación de avisar a ninguna autoridad de los viajes que se lleven durante las vacaciones escolares. Y son las autoridades de los aeropuertos los únicos que pueden controlar la salida de subsaharianos hacia sus países de origen.

Los datos de las ONGs consultadas y las asociaciones de lucha contra la mutilación genital femenina (MGF) indican que "no hay constancia de que se practique la ablación dentro del territorio español". Sin embargo, se tiene conocimiento de que la población subsahariana que vive en España, como se ha dicho, aprovecha sus viajes a sus países de origen para practicarla. De ahí que desde 2005 la ley española permite su persecución internacional.

Para firmar este 'compromiso social', Rajoy ha recibido en la calle Génova de Madrid (sede de los 'populares') a la presidenta de la Red Europea contra la Mutilación Sexual de las mujeres, Kadhy Koita. La reunión, de escasa media hora, se quedó en poco más que una foto, que podría haber ganado si el 'popular' hubiese hecho caso a los intentos de sus asesores de prensa por que le diese un beso a Koita, en agradecimiento a la dedicatoria que le hizo en su libro. Rajoy, sin embargo, dejó el saludo en un estrecho apretón de manos.