Zaragoza.- La Fundación Ecología y Desarrollo reclamó hoy al Gobierno de Aragón que respete toda la legislación medioambiental en Gran Scala y que realice una "evaluación ambiental estratégica", al tiempo que denunció que no se haya preguntado a los aragoneses si se debería hacer o no ese macroproyecto de ocio.
Antigua paridera de ganado en un típico paisaje monegrino, donde se pretende construir un gran centro de ocio.
Ecología y Desarrollo presentó hoy un informe sobre la aplicación de la actual legislación ambiental en materia de información y participación a Gran Scala, elaborado por la letrada Fe Sanchís Moreno, del Colegio de Abogados de Madrid y de la Asociación para la Justicia Ambiental-ELAW España, y señaló que si no se cumple la normativa medioambiental se plantearía tomar medidas.
El dictamen concluye que Gran Scala puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que como en cualquier gran proyecto es "obligada y necesaria" una previa "evaluación ambiental estratégica", explicó en rueda de prensa el jurista el jurista José Luis Batalla, vicepresidente de Ecología y Desarrollo.
Afirmó que el Gobierno de Aragón ha adoptado una serie de compromisos sin haber iniciado ni puesto en marcha esta preceptiva evaluación, además de haber aprobado el proyecto que sustenta dichos compromisos sin la también obligada participación real y efectiva del público.
Aunque en estos momentos desde el punto de vista jurídico sólo existe un protocolo, de dos folios, firmado entre el Gobierno de Aragón y la empresa promotora ILD, ya se podría estar contraviniendo alguna legislación, dijo Cristina Monge, directora de Proyección Externa de Ecología y Desarrollo.
En este sentido, se refirió al derecho de los ciudadanos al acceso a la información ambiental y a la participación real y efectiva en la toma de decisiones administrativas que afecten al medio ambiente y aseguró que este proceso participativo "debería estar haciéndose ya", antes de poner en marcha el proyecto.
El informe pone de manifiesto que se ha obviado la primera pregunta, ¿Debemos hacer el proyecto?, y que al parecer se pretende obviar la segunda, ¿Cómo y dónde lo hacemos?, para hacer una simple consulta de tipo formal, ¿Os gusta como lo hemos hecho y dónde?, señaló el vicepresidente de Ecología y Desarrollo.
Agregó que uno de los requisitos primordiales exigidos para asegurar que la participación del público sea real y efectiva es el de que la misma se produzca cuando aún estén abiertas todas las posibilidades, incluyendo la denominada "opción cero", es decir la de no ejecutar el proyecto.
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