El Defensor del Pueblo andaluz pide resolver el crónico déficit de prestaciones y plazas y aplicar la ley

Sevilla.-  La situación de los recursos sociales y sanitarios de Andalucía destinados a los mayores dependientes se encuentra en un "crónico déficit" de plazas y prestaciones, según el Defensor del Pueblo Andaluz, quien ha pedido corregir los "retrasos" y la "máxima urgencia" para aplicar la Ley de Dependencia.

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(EFE)

El defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, entregó hoy a la presidenta del Parlamento Andaluz, María del Mar Moreno, el informe "La Atención a las personas mayores dependientes en Andalucía".

Estas conclusiones y recomendaciones vienen recogidas en el informe especial "La Atención a las personas mayores dependientes en Andalucía", un trabajo realizado por la Oficina del Defensor del Pueblo en colaboración con la Asociación Andaluza de Geriatría y Gerontología, presentado hoy por el defensor, José Chamizo.

Para fijar la magnitud del problema, el informe constata que de los ocho millones de andaluces, casi un 1,2 millones son mayores de 65 años, de los que 280.000 son octogenarios, aunque también refleja un dato "esencial": la tasa de discapacidad de las personas mayores andaluzas supera ampliamente la media española.

A la vez, Andalucía presenta una mayor prevalencia de la dependencia, ya que se calcula que más de la mitad de las personas mayores de 65 años necesitan ayuda para realizar alguna actividad diaria y que, según el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), unas 679.000 personas requieren cuidados.

La red familiar (familiares o amigos que no reciben retribución económica) es la principal proveedora de cuidados, que en Andalucía supone el 85% de los mayores de 65 a 79 años, un modelo basado en los "cuidados informales que no parece viable a corto y medio plazo", ha alertado el Defensor del Pueblo.

La Ley de Dependencia prevé prestaciones económicas excepcionales cuando no se viable el acceso a una plaza o servicio público para las personas dependientes, pero informe advierte de que el mandato legal "podría quebrarse" ante la "insuficiencia" de los recursos.

De hecho, el trabajo de la Oficina del Defensor recoge respecto a la situación de los recursos sociales, tanto lo comunitarios como los especializados, un "crónico déficit" de plazas y prestaciones.

Los ratios de Servicio de Ayuda a Domicilio, que actualmente atienden a unos 40.000, son "notablemente" inferiores a la media española, mientras "tan sólo" los de cobertura del servicio de teleasistencia, de plazas de Unidades de Estancia Diurna y de subvenciones para adaptación funcional del hogar sitúan a Andalucía en niveles idénticos o superiores a la media española, indica el informe.

Chamizo ha constatado, igualmente, que se encuentran en un nivel "muy incipiente y escasamente implantados" los programas de respiro familiar o el programa piloto "Estancias Diurnas de Fin de Semana", y ha recordado que aún no se ha desarrollado el de las Unidades de Estancias Nocturnas.

En lo que respecta a las plazas residenciales y pese al incremento de los últimos años, los ratios de cobertura en la comunidad son "muy inferiores" a la media nacional (10,58 plazas frente a las 16,77 por cada 1.000 mayores), dato que se reproduce en las plazas públicas y privadas.

El informe analiza también la cartera de servicios de Atención Primaria destinada a este colectivo y sostiene que "adolece" de un suficiente desarrollo en protocolos preventivos de síndromes geriátricos, así como de suficiente grado de formación y capacitación de los profesionales de este nivel en geriatría.

En este sentido, Chamizo ha recordado que los Servicios Sanitarios Públicos andaluces no contemplan la atención geriátrica especializada a pesar de su reconocimiento como derecho en el vigente Estatuto. Tan solo en tres hospitales andaluces se describen tres unidades funcionales de Geriatría.

Por todo ello, el defensor ha demandado coordinar los servicios sociales y sanitarios, la máxima urgencia en aplicar y ejecutar la Ley de Dependencia, especialmente las acciones de valoración, e incrementar los recursos asistenciales domiciliarios y asistenciales de las personas dependientes.