El dictamen sobre privación de derechos a accionistas españoles de Eiffage saldrá el 6 de mayo

Nanterre (Francia).-  El Tribunal de Comercio de Nanterre se pronunciará el próximo 6 de mayo sobre la demanda contra la decisión de la mesa de la junta del grupo francés Eiffage, el 18 de abril de 2007, de privar de derechos de voto a 89 accionistas españoles acusados de actuar de concierto.

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(EFE)

El presidente de Sacyr, Luis Fernando del Rivero Asensio.

El presidente del tribunal anunció hoy la fecha al término de la audiencia en la que se examinaron los argumentos de Sacyr, principal accionista de Eiffage con un tercio del total; Portival, uno de los 89 accionistas privados de derecho de voto; así como de la dirección del grupo francés.

El plazo que se han dado los jueces de Nanterre da tiempo para que entre tanto se desarrolle el otro procedimiento judicial en el contencioso entre Sacyr y Eiffage: el que se lleva a cabo en el Tribunal de Apelación de París, sobre si el grupo de Luis de Rivero actuó de concierto con otros accionistas españoles.

El Tribunal de Apelación celebrará precisamente el próximo día 5 la audiencia sobre la demanda de Sacyr contra la decisión de la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF), que el 26 de junio pasado invalidó su oferta sobre la parte que no controlaba en Eiffage, al estimar que estaba de concierto con al menos seis de sus otros accionistas españoles.

Hoy en Nanterre, los abogados de Sacyr vincularon la decisión de la mesa de la junta de privar de derechos a los 89 accionistas que representaban un 17,5% del capital de la compañía francesa con "la voluntad de los dirigentes de Eiffage de mantener un poder absoluto".

Para Sacyr, impedirles participar en el voto de la asamblea fue "una mascarada" con la que "el grupo de accionistas amigos" del presidente de Eiffage, Jean-François Roverato, pasaba a disponer de la mayoría de control y a imponer sus puntos de vista.

"Si hubiera un concierto en este caso, sería del bloque favorable a Roverato", declaró uno de sus letrados a la corte.

Georges Terrier, otro representante de Sacyr, subrayó que la mesa no debía haber tomado su decisión sobre la base de una "simple presunción".

Y a ese respecto, Terrier indicó que el pronunciamiento posterior de la AMF -que contestan ante el Tribunal de Apelación- tenía una "virtud", que es haber dicho que el presunto concierto de Sacyr existe "como mucho con seis accionistas", y no con los 89 a los que no se autorizó a votar en la asamblea.

Los abogados de Sacyr también denunciaron que la privación de votos a los españoles por la mesa de la junta era un montaje de Roverato organizado antes de esa asamblea, como quedó demostrado en el hecho de que 11 de los 89 accionistas no estaban siquiera presentes ni representados.

Portival, por su parte, insistió en que, en contra de las suposiciones de la dirección de Eiffage, "es totalmente independiente de Sacyr" e incluso que había "un conflicto de intereses" con el grupo de Luis de Rivero a causa de la opa que éste planteó un día después de la junta objeto del contencioso.

Los defensores de Eiffage hicieron notar la contradicción de que ahora Sacyr utilice en su defensa el dictamen de la AMF, que precisamente demuestra que estaba de concierto con otros accionistas españoles, y pusieron el acento en que el gendarme bursátil lo que ha dicho es que ese concierto existía "con al menos seis".

Los letrados del grupo francés justificaron la competencia de la mesa para privar de derechos a los 89 españoles sobre la base de que, sumados a la participación de Sacyr, llegaban al 51% del capital que debía permitirles tomar el control de Eiffage.

Además, recalcaron que cuando se celebró la asamblea "nadie en el mercado dudaba de las intenciones de Sacyr" de hacerse con el control de Eiffage, y apoyaron este argumento en particular en las informaciones al respecto publicadas los días anteriores por la prensa española, alimentadas a su parecer por fuentes vinculadas a la compañía de Luis de Rivero.

Eiffage también consideró una muestra de la realidad del concierto el hecho de que más de 80 de los accionistas españoles privados de voto hayan renunciado a cualquier demanda por eso, y que haya sido Sacyr la que haya dirigido la denuncia, cuando ella misma sí pudo votar.