Barcelona.- La Comisión de la Dignidad ha anunciado hoy que presentará el 8 de febrero una demanda contencioso-administrativa para denunciar el incumplimiento de la ley de retorno de los papeles de Salamanca, aprobada a finales de 2005.
Un documento original relacionado con el F.C.Barcelona, una de las piezas que se exhiben en el Palau Moja de Barcelona dentro de la exposición inaugurada este mediodía bajo el título "El retorno de los documentos confiscados"; una muestra que recoge 82 originales y 37 reproducciones de algunos de los documentos de particulares y entidades procedentes del Archivo de Salamanca.
La demanda la presentará esa comisión, creada como un frente común de la sociedad civil catalana para reclamar la documentación confiscada al término de la Guerra Civil, contra el Ministerio de Cultura, ha explicado a Efe su portavoz, Josep Cruanyes.
Cruanyes ha reiterado que faltan por retornar dos millones de documentos pertenecientes a personas y a entidades y siete legajos de la Generalitat pendientes de devolver en la primera remesa.
La comisión ha tachado de "grave" y de "incumplimiento de una ley" la retención de los papeles y ha considerado que se hace "por puros intereses partidistas y electorales".
La Comisión de la Dignidad ha señalado, en un comunicado difundido hoy, que mañana jueves, 31 de enero, se cumplen los dos años de la llegada de la primera remesa de la documentación.
Esa documentación requisada por los franquistas a finales de la Guerra Civil estaba retenida en el archivo de Salamanca, al que la Comisión de la Dignidad califica de "digna sucesora de aquel organismo represivo (D.E.R.D.) que la requisó".
Si el 31 de enero de 2006 "fue un momento de esperanza en el que se vislumbraba la fin de ese mal -continúa la Comisión por la Dignidad-, hoy, dos años después, tenemos que constatar que no se ha avanzado ni un paso para completar el retorno de todos aquellos documentos de la Generalitat y del resto de entidades expoliadas".
La comisión considera que "no se puede producir nada más grave en una democracia que el Gobierno del Estado incumpla una ley" y "más si lo hace por puros intereses partidistas y electorales, como lo hacen el Gobierno y el ministro de Cultura, César Antonio Molina".
Ha señalado que la no devolución de los papeles "perjudica" los derechos de unas víctimas a las que no se les compensa un derecho reconocido por el Parlamento español y la ha tildado de "francamente insultante".
Cruanyes ha insistido en que si hoy no se puede celebrar la resolución de ese largo pleito por el definitivo retorno de los documentos de la Generalitat y de los dos millones de documentos restantes que aún falta por devolver, pertenecientes a ciudadanos y entidades expoliadas, "es por la actitud unilateral del Ministerio de Cultura".
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