Madrid.- La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo la ilegalización del EHAK-PCTV por considerar que este partido ha sido "instrumentalizado" política y económicamente por la ilegalizada Batasuna, formación a la que -según la demanda presentada hoy- presta una "absoluta y entregada colaboración".
Documentación que la Fiscalía presentó hoy ante la sala del 61 del Tribunal Supremo para la demanda de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV) por su vinculación con la ilegalizada Batasuna, que fue acompañada de la petición de suspensión cautelar para impedir su presencia en las próximas elecciones del 9 de marzo.
La demanda de ilegalización, de 200 folios, ha sido entregada en el registro del Alto Tribunal a las 9:30 horas por el fiscal de sala jefe de lo contencioso-administrativo, Antonio Narváez, y ha sido acompañada por siete cajas y siete tomos de documentos.
Además, el Ministerio Público ha solicitado que, mientras se tramita el procedimiento de ilegalización, el Supremo prohíba al EHAK-PCTV que presente candidaturas a las próximas elecciones generales, cierre sus sedes y embargue sus cuentas bancarias.
En su escrito, la Fiscalía alega como motivo de ilegalización la "relación de dependencia" detectada "entre la acción política del partido demandado y la organización ilegal Batasuna u otras organizaciones del entorno de ETA, e incluso la propia banda armada".
Esta alegación se sustenta en la puesta a disposición de Batasuna de una de las sedes del EHAK-PCTV, así como en la instrumentalización de la actividad pública y parlamentaria de los representantes de este partido y su participación "en la campaña de ETA contra las obras del tren de alta velocidad".
Así, la demanda dice que "la propia facilitación de un espacio físico en el que dar continuidad y cobijo a la actividad obviamente clandestina de un partido ilegal (...) aporta un valor indiscutible" a Batasuna, disuelta en 2003 por el Supremo por su directa vinculación y supeditación a ETA.
"Aún más claro, si cabe, es el sentido de sostenimiento y colaboración en lo que concierne a la propia traslación de las consignas políticas de Batasuna, supliendo precisamente una de las carencias más acuciantes del partido clandestino, cual es la de hallar cauces directos de interacción con la sociedad, en particular en el ámbito de la representación institucional", añade el fiscal.
Según el Ministerio Público, la "evidente subordinación" de la conducta de los representantes del EHAK-PCTV a las consignas de Batasuna no es una mera coincidencia de planteamientos ideológicos, sino "la subordinación de un partido político legal a las consignas y las pautas establecidas por una organización ilegal".
La demanda hace referencia al "giro del discurso ideológico" del EHAK-PCTV, que ha dejado en segundo plano sus postulados marxista-leninistas para hacer suyo el discurso de Batasuna "con la específica función de servir de cauce y altavoz a ésta. Incluso en el Parlamento Vasco".
"Esa es una actuación que sólo puede entenderse como de absoluta y entregada colaboración", concluye la Fiscalía, que recuerda que la ilegalización de Batasuna buscaba, precisamente, impedir su incorporación al debate público y a las instituciones.
Así, la demanda señala que la supeditación de la acción en la Cámara vasca del EHAK-PCTV a las consignas de Batasuna "determina una especie de ocupación parasitaria de la acción institucional de un Grupo Parlamentario".
La Fiscalía también destaca la intervención del EHAK-PCTV "en la campaña de rechazo o boicot a las obras del tren de alta velocidad" impulsada por ETA y dice que "la adhesión activa a esa campaña de inequívoco contenido amenazador y violento permite situar la conducta del partido (...) en la esfera del apoyo político, expreso o tácito al terrorismo".
El Ministerio Público alude también a la "unidad de acción" entre el EHAK-PCTV, ANV y Batasuna en el plano económico y cita un documento intervenido en la sede del partido demandado en Usurbil (Guipúzcoa) que "describe el sistema de caja única y común para la recepción de ingresos y el abono de gastos que debía constituirse entre todo el entramado de la denominada Izquierda Abertzale".
La gestión de los gastos de los dos partidos legales y de la ilegalizada Batasuna estaba centralizada, de modo que en Usurbil "se guardaban en tres cajas fuertes la contabilidad, la relación de ingresos y gastos e incluso las facturas justificativas de dichos gastos" de las tres formaciones.
Según el fiscal, se ha acreditado que con los ingresos del EHAK-PCTV y de ANV se sufragaban diferentes gastos de dirigentes de Batasuna -como viajes al extranjero- y se abonaron los actos públicos y mítines celebrados por éstos.
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