Sevilla.- La Fiscalía de Sevilla ha remitido a un juzgado la denuncia contra los "okupas" del edificio de Casas Viejas por los delitos de injurias y calumnias al acusar de torturas a la Policía y a los bomberos.
La policía impide el paso de simpatizantes del colectivo de los ocupas del centro social Casas Viejas, de Sevilla.
Fuentes judiciales han indicado hoy a Efe que las diligencias de investigación han concluido tras tomar declaración a dos de los policías que intervinieron en el desalojo y la Fiscalía ha decidido que el asunto sea investigado por el juzgado de instrucción 17 de Sevilla, a quien ha correspondido una denuncia anterior de los "okupas" contra la Policía por detención ilegal y lesiones.
La Delegación del Gobierno en Andalucía denunció por presuntos delitos de injurias y calumnias a dos de los "okupas" que, en una rueda de prensa, acusaron a la Policía y a los bomberos durante el desalojo llevado a cabo el 30 de noviembre de 2007.
Ambos cuerpos fueron acusados de torturas y malos tratos por los activistas en una multitudinaria rueda de prensa celebrada el 1 de diciembre, tras ser desalojados por orden judicial del edificio "okupado".
Entonces, los "okupas" aseguraron que "llegaron a temer por su vida" y Agustín Toranzo, de 39 años, manifestó que decidió soltarse de las cadenas con las que se había anclado a la pared cuando se hicieron "insoportables" las "torturas" a las que, según dijo, le sometió la Policía.
Los activistas denunciaron además haber recibido patadas, bofetones, amenazas, tirones de pelo y haber sido arrastrados.
La denuncia a la Fiscalía fue presentada por el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, quien la acompañó de grabaciones de la rueda de prensa.
En su escrito, el delegado del Gobierno denunció los perjuicios sufridos por el prestigio de la Policía Nacional y el honor de los funcionarios que intervinieron en el desalojo, pese a que pusieron en peligro sus propias vidas para "salvaguardar las de los desalojados".
La denuncia recoge que el zulo y el apuntalamiento realizado por los encerrados constituía otra situación de "peligro real" debido a su construcción y al deficiente estado del inmueble.
El delegado del Gobierno imputó a los activistas presuntos delitos de injurias graves con publicidad, dado el amplio eco con que fueron recogidas sus manifestaciones por los medios informativos.
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