CC Y PP proponen cambios en las leyes para paliar la aplicación inflexible de la Ley de Costas

Santa Cruz de Tenerife.-  CC y PP presentaron hoy una proposición de ley en el Parlamento de Canarias en la que se plantea un cambio de la normativa sobre el territorio para la declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral y con ello paliar los efectos de la aplicación "inflexible" de la Ley de Costas.

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(EFE)

Los diputados de Coalición Canaria y Partido Popular, José Miguel González y Cristina Tavío, respectivamente, informaron hoy en rueda de prensa sobre el problema de las demoliciones ordenadas por Costas.

Los diputados de CC José Miguel González y del PP Cristina Tavío presentaron esta iniciativa, que pretende modificar el texto refundido de las leyes de ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales.

González indicó que con esta modificación se quieren evitar los "daños irreparables" en diferentes asentamientos consolidados en el litoral de las islas por la aplicación por parte de la Dirección General de Costas de una ley de 1988.

Aunque los dos parlamentarios indicaron que en todas las islas existen zonas afectadas, recordaron que en Tenerife afectaría a varias áreas de Anaga, a Agache (Güimar) y Chovito (Candelaria), sobre las que hay un expediente de demolición por encontrarse, según la Dirección General de Costas, en zona servidumbre o de dominio público, de acuerdo con la Ley de Costas.

Tanto González como Cristina Tavío indicaron que no se trata de legalizar indisciplinas urbanísticas, sino de reconocer un derecho de muchos de los propietarios de las viviendas que se encuentran en esas zonas y en las que habitaban antes que ellos sus padres o sus abuelos.

González explicó que en el caso de las viviendas situadas en zonas de servidumbre de la costa, la modificación propuesta en la proposición de ley supone considerar a estos asentamientos rurales como núcleos urbanos, tal y como, dijo, son en realidad ya que cuentan con la urbanización primaria propia del suelo urbano.

Recordó que una modificación llevada a cabo en la ley de Costas, autorizaba las construcciones en esta zona cuando se tratara de núcleos urbanos consolidados, que es, dijo, tal y como se consideran a estos asentamientos rurales.

Además recordó que la clasificación del suelo es una competencia autonómica por lo que el cambio de asentamiento rurales a núcleos urbanos le corresponde al Gobierno de Canarias y debe ser tenido en cuenta por la Dirección General de Costas.

Respecto a las viviendas situadas en zona de dominio público, González indicó que la ley de Costas prevé las concesiones administrativas para determinados casos en los que se tenga en cuenta, entre otros factores, los valores etnográficos o tradicionales de la construcción.

Por ello en la iniciativa se señala que el Gobierno de Canarias elaborará un censo de edificaciones que tengan un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco, debiendo considerarse su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social, al objeto de su consideración en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones.

González indicó que las concesiones administrativas son competencia de la Administración Central, ante la que sólo se puede instar para que conceda las concesiones administrativas.

Cristina Tavío dijo que esta proposición de ley es una reacción a a la aplicación "perversa" que hace de la ley la Dirección General de Costas, que no quiere escuchar a los ayuntamientos cuando han intermediado para evitar las demoliciones.

Además consideró que esta iniciativa resuelve la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran muchas personas que ven peligrar las viviendas en las que habitado durante muchos años y recordó que ya la Dirección General de Costas reconoció en su momento el carácter urbano de estos asentamientos y por ello no actuó contra ellos.

Respecto a la retroactividad de esta iniciativa, los parlamentarios insistieron en que la modificación de la clasificación del suelo debe ser tenida en cuenta por la Dirección General de Costas y en el caso de que no se aplique a tiempo,los afectados la pueden alegar para posibles indemnizaciones.