Vitoria.- El Gobierno ha mostrado su respeto por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) en el denominado "caso Atutxa", una resolución judicial que el Ejecutivo Vasco ha enmarcado en una estrategia del Estado de "ruptura del pacto de convivencia de la Transición".
El TS ha condenado al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y los ex miembros de la Mesa de esta Cámara Kontxi Bilbao y Gorka Knorr por un delito de desobediencia a la autoridad judicial por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA).
La siguiente es una relación de las reacciones surgidas sobre la sentencia condenatoria:
.- María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno: "como siempre, el Gobierno acata y respeta las decisiones de los tribunales".
.- Gobierno Vasco: el Estado español está "consciente y permanentemente rompiendo el pacto de convivencia alcanzado en la Transición" con actuaciones de sus instituciones como el TS.
.- Íñigo Urkullu, presidente del PNV: la condena refleja "una justicia medieval y predemocrática" y augura "gravísimas consecuencias" en la causa abierta contra el lehendakari por reunirse con Batasuna.
.- Izaskun Bilbao, presidenta del Parlamento Vasco: "el futuro nos tiene que hacer reflexionar y ver de qué manera se puede arbitrar una solución en el supuesto de que surja un supuesto parecido".
.- La Ejecutiva del PSE-EE ha lamentado que el Supremo condenara a Atutxa, basándose en la acusación del sindicato Manos Limpias, "convertido en un instrumento de la extrema derecha para judicializar la política".
.- Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, acata la sentencia, pero no la comparte "en absoluto" al tratarse de una "medida inoportuna" e "incorrecta".
.- Javier Madrazo, coordinador general de Ezker Batua: la sentencia responde a "intereses políticos" y se trata de un "castigo personal".
.- Carmelo Barrio, secretario general del PP del País Vasco: Juan María Atutxa hizo de la desobediencia al Tribunal Supremo un "modus operandi" en su política hacia Batasuna.
.- Patxi Zabaleta, coordinador de Aralar: "total desacuerdo" con la condena del Supremo, que supone "una regresión de las libertades".
.- Pernando Barrena, portavoz de la ilegalizada Batasuna: "pone patas arriba la pretendida soberanía" de la Cámara autonómica respecto a "otros poderes del Estado".
.- Manos Limpias, sindicato que ejerció la acusación popular: supone "una condena moral" y confía en que sea "ejemplarizante" para otros políticos que piensan que "están por encima de la Ley".
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Algunos países ven esta práctica más cerca del soborno.
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