La Policía investiga a una banda de delincuentes que amenaza a empresarios en nombre de ETA

Barcelona.-  La Policía Nacional investiga las cartas de extorsión que unos delincuentes han enviado, en nombre de la organización terrorista ETA, a varios empresarios catalanes, a quienes exigen el pago de 15.000 euros bajo la amenaza de matar a sus familiares y atentar contra sus compañías.

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(EFE)

Imagen de archivo de un coche policial.

Por el momento, han sido tres los empresarios que han denunciado estas amenazas a la policía, que está convencida de que detrás de este timo hay una banda de "delincuentes comunes" que usa el nombre de ETA para intimidar a sus víctimas y obtener dinero rápido, han informado a EFE fuentes policiales.

Los investigadores han descartado "totalmente" que se trate de cartas auténticas de ETA, ya que éstas tienen diversas marcas que permiten su identificación que en este caso no existen.

Así, por ejemplo, las cartas de extorsión que han recibido los empresarios catalanes, encabezadas por un saludo en vasco, imitan el lenguaje amenazante e intimidador de ETA, aunque están escritas únicamente en español, cosa que nunca hace el comando terrorista, que siempre redacta sus misivas en euskera, con una traducción al castellano en su parte inferior o en un folio aparte, según avanza hoy "La Vanguardia".

Los delincuentes, además, incluyen en la carta un número de teléfono móvil para que los empresarios se pongan en contacto con ellos para hacer efectivo, antes de veinticuatro horas, el pago de 15.000 euros exigidos.

De no hacerlo o de acudir a la policía, amenazan con matar a la víctima, a sus familiares y atentar contra su empresa.

Otra de las diferencias entre estas misivas y las verdaderas de ETA es que la banda terrorista utiliza un papel especial con aguas en el que está reproducido el símbolo de la organización, que es el escudo de ETA con un hacha y una serpiente enroscada, mientras que en este caso el papel es liso.

Los investigadores no descartan que otros empresarios hayan recibido las amenazas y no se hayan atrevido a denunciar, o que, incluso, hayan accedido al chantaje y pagado los 15.000 euros exigidos.