La amenaza del ciberterrorismo y el uso de internet en la radicalización de los jóvenes musulmanes se está convirtiendo en uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los gobiernos occidentales.
Al Zawahiri en YouTube.
El jueves, la ministra del Interior británica, Jacqui Smith, anunció que su Gabinete intensificará el seguimiento de sitios y webs distribuidores de material yihadista y el control policial de individuos involucrados en dichas actividades en el Reino Unido.
"Vamos a revisar la ley para enfrentarnos a este problema" señaló Smith. "Tenemos que trabajar con los servidores de internet, aplicar las lecciones que hemos aprendido en la lucha contra los pedófilos en la red y demostrar que la web no es una zona intocable en la batalla contra el terrorismo".
Según Smith, hay datos abrumadores que apuntan a que los grupos terroristas recurren cada vez más a internet para labores de propaganda y para planificar actos terroristas concretos. El anuncio de Smith se produce, según el diario The Guardian, tras desvelarse la existencia de una página web con amenazas al primer ministro británico, Gordon Brown, y que llamaba a la creación de una "al-Qaeda británica".
Durante el último año, tanto Al-Qaeda como con los talibanes han sido muy prolíficos en el uso de internet para transmitir sus comunicados. Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri diseminaron por ese medio más de 12 de sus mensajes en 2007. Y al-Sahab, el "brazo mediático" de al-Qaeda aumentó su producción anual de mensajes de audio y vídeo de seis en el año 2002 a la cifra récord de 94 en 2007, según datos del instituto de investigación IntelCentre, con sede en Estados Unidos.
España se enfrenta a un problema similar. Alfonso Estévez, responsable del Ambito de Ciberterrorismo de la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía, señalaba recientemente que la principal amenaza en la radicalización violenta entre los musulmanes proviene de la propaganda distribuida en internet.
Estévez propone incrementar la cooperación policial judicial en el ámbito internacional e introducir regulaciones que permitan identificar a los usuarios que realicen o inciten a actividades terroristas en la red.
Pero, según Gary Hindle de RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies) de Londres, dicha propuesta no es tan sencilla de llevar a la práctica. "La cooperación internacional en este campo tiene bastantes limitaciones. Dos gobiernos pueden tardar meses en suscribir un acuerdo sobre vigilancia y control de servidores con actividades criminales. Y para entonces los servidores en cuestión han podido moverse de una compañía a otra, de un país a otro, con mucha facilidad. Es muy complicado perseguir esa pista".
Según Hindle, las medidas que podrían realmente alterar el uso de internet para fines terroristas son de otra índole: "El Estado tendría que intervenir de forma más férrea: estableciendo acuerdos de control con las empresas de telefonía; eliminando obstáculos judiciales a la vigilancia y arresto de usuarios sospechosos; o a la china, filtrando toda la actividad en la red y censurando páginas", indica.
"En el Reino Unido, hay defensores de esas propuestas, pero eso sería enormemente controvertido para cualquier país democrático. Y ¿qué Gobierno tendría el coraje político de adoptar esas medidas cuando ya hay un debate muy caliente sobre el respeto a los derechos civiles y la privacidad?".
Hindle augura que el uso de internet con fines de adoctrinamiento y radicalización de jóvenes crecerá en los próximos años con el mayor acceso a la red de las nuevas generaciones y la popularización de las plataformas de redes sociales. "Los jóvenes llevan la delantera porque han crecido con internet; tienen acceso a la tecnología y unos conocimientos que son totalmente ajenos a las viejas generaciones", dice.
En opinión de este experto, una estrategia eficaz que podrían desarrollar los gobiernos giraría en torno a perseguir, juzgar y condenar a infractores con un alto perfil público a fin de transmitir un mensaje de firmeza y crear una cierta paranoia entre los potenciales criminales.
Es el caso de la joven de 23 años Samina Malik, apodada la "terrorista lírica" porque escribía poemas en la red celebrando las decapitaciones, poseía un manual de al-Qaeda e instrucciones para hacer bombas. Un juez británico condenó en noviembre pasado a esta trabajadora del aeropuerto de Heathrow por poseer materiales que, según los fiscales, sugerían que estaba vinculada a extremistas violentos. El caso, tuvo un enorme impacto en la opinión pública, ya que fue la primera mujer condenada bajo la nueva legislación antiterrorista introducida por el gobierno de Londres.
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