UGT reclama que las cláusulas de revisión salarial se cumplan "al máximo"

Mérida.-  UGT ha considerado hoy "inequívocamente negativo" el resultado final de la inflación en 2007 en Extremadura, donde se ha saldado con un aumento del 4,2 por ciento, y ha incidido en la necesidad de que las cláusulas de revisión salarial presentes en los convenios colectivos se cumplan "al máximo".

En un comunicado, el sindicato subraya que los trabajadores no generan la inflación, sino que sufren sus efectos como "el peor de los impuestos", y destaca la operatividad de las cláusulas de revisión salarial para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.

Recalca que los trabajadores no deben ser quiénes soporten el coste de una mayor inflación y critica que en el escenario a actual los salarios reales crezcan menos que la productividad y que la renta se distribuya en contra de los trabajadores.

Tras recordar que el dato conocido hoy señala el nivel de inflación más alto en España y Extremadura desde 1995, indica que, a pesar de que se espera una desaceleración en los próximos meses, la generalización de expectativas inflacionistas ha calado en la sociedad española y extremeña y está pasando ya factura en términos de menor consumo.

UGT muestra su preocupación por la tensión inflacionista registrada en 2007 y que, según explica, se debe tanto a factores internos como a externos.

Así, achaca la subida a la persistencia del shock energético derivado de la subida de los precios del petróleo y otros productos energéticos, que han propiciado un aumento de los precios en los grupos de transporte y vivienda.

Además, señala, desde el verano se ha acentuado la presión inflacionista del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas por efecto del incremento de los precios de los productos derivados del trigo y los lácteos, que son elementales en la cesta básica de consumo de las familias y cuyas subidas implican un aumento del coste de la vida que perjudica directamente a los ciudadanos.

UGT considera que es responsabilidad del Gobierno instrumentar una política económica que propicie la moderación de los precios, con medidas que hagan frente a la alta dependencia energética o ejercicios de moderación real en la fijación de los precios por los servicios públicos.