Se manifiestan a favor y en contra de enmendar la Constitución sobre el matrimonio

San Juan.-  Grupos a favor y en contra de dar rango constitucional sólo al matrimonio constituido por parejas heterosexuales en Puerto Rico se manifestaron hoy frente al Capitolio en San Juan.

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Representantes de diferentes iglesias instaron a los miembros de la Cámara de Representantes a que aprueben en la sesión legislativa ordinaria que comenzó hoy una medida que ya el Senado dio en noviembre su visto bueno.

La medida estipula la celebración de un referéndum en mayo de este año para consultar si se enmienda la Constitución puertorriqueña para establecer "el matrimonio constituido sólo por la unión legal entre un hombre y una mujer con capacidad legal en conformidad con su sexo original de nacimiento".

Los religiosos, unidos en el Comité de la Pastoral Unida por la Familia, criticaron además el anuncio del gobernador Aníbal Acevedo Vilá de que no firmará la medida, aunque sea aprobada por la Cámara.

El reverendo Nephtalí Marrero, portavoz de la Pastoral, aseguró a Efe que más de 1.000 pastores y sacerdotes pentecostales, evangélicos, católicos y de iglesias independientes acudieron a la manifestación.

Marrero defendió que es necesario dar rango constitucional al matrimonio de parejas heterosexuales para "reforzar lo que nosotros hemos querido siempre, en lo que creemos desde pequeños", la familia constituida a partir de la unión de un hombre y una mujer.

Sostuvo que el gobernador deberá "someterse" a la decisión de la Cámara de Representantes, cuyo presidente, José Aponte, anunció que ya contaba con los votos necesarios para que se apruebe la medida.

Por su parte, la abogada Ada Conde, una de las líderes de la comunidad homosexual boricua, dijo a Efe que la aprobación de la medida traería "gravísimas consecuencias", no sólo para los gays y lesbianas, sino también para los miles de puertorriqueños heterosexuales "que conviven sin casarse".

Conde, que convocó la protesta con el lema "despierta boricua, que no se metan en tu cama", asegura que la enmienda constitucional supone un atentado "contra los derechos a la libertad y a la intimidad".

Además, la enmienda constitucional implica, dijo, que los hijos de parejas que no se han casado sean considerados ilegítimos.

Sostuvo que el matrimonio ya está considerado como la unión entre un hombre y una mujer en el Código Civil vigente y que está en proceso de ser reformado.

"Es innecesario enmendar la constitución porque ya garantiza las libertades individuales", defendió Conde, quien insiste en que los promotores de la enmienda tratan de "imponer cómo, quién, cuándo y de qué manera tienes tu sexualidad con tu pareja".

La activista trató de repartir copias de la Carta de Derechos de la Constitución puertorriqueña en el interior del Congreso, pero funcionarios del Capitolio se lo prohibieron.

Aseguró que, sin embargo, estaban permitiendo que se repartieran biblias a los legisladores, lo que calificó como otra "violación a la separación constitucional entre Iglesia y Estado".

Marrero, por su parte, indicó que "la Iglesia y el Estado son instituciones separadas pero una y otra se necesitan".

La enmienda en consideración de la Cámara de Representantes establece también "la obligación del Estado de estimular, mantener, promover y proteger la institución de la familia, base y fundamento de la sociedad puertorriqueña".

La senadora independentista se opuso a la medida porque en el caso de que se acabe realizando la consulta electoral "no tendrá ningún efecto jurídico real ni va a cambiar los problemas que a todos nos angustian sobre nuestro país", que no persigue un fin jurídico "legítimo" y que será motivo de marginación.

Por su parte, el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, participó en la manifestación de los religiosos defendiendo que se garantice la "mayor protección posible a la institución del matrimonio".

González Nieves ha respaldado en varias audiencias legislativas sobre la reforma al Código Civil su concepto de las "uniones domésticas", que estarían constituidas por varias personas que viven en un mismo lugar al que se les reconocerían una serie de derechos.