Madrid.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha rechazado hoy abordar ahora una revisión de los acuerdos con la Santa Sede y mucho menos llamar a consultas al embajador español Francisco Vázquez tras las críticas de la jerarquía eclesiástica al Ejecutivo del pasado 30 de diciembre.
El portavoz de IU-ICV en el Congreso, Joan Herrera, había trasladado ambas peticiones a la vicepresidenta en su comparecencia ante la Comisión Constitucional de la Cámara Baja para explicar la situación actual de las relaciones entre la Iglesia y el Estado.
Sin embargo, De La Vega ha dicho: "No vamos a revisar las normas que en este momento tenemos" y que rigen las relaciones con la institución católica.
No obstante, ha vaticinado que "en el futuro" el debate sobre las relaciones con las iglesias va a mantenerse, como en toda Europa.
En cuanto a la llamada a consultas del embajador ante la Santa Sede, un "gesto de fuerza" reclamado por IU-ICV, ha recalcado que Vázquez "está haciendo un papel muy importante, y donde tiene que estar es en Roma, en la embajada".
En su réplica a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, la vicepresidenta también ha negado que en esta legislatura el Gobierno haya otorgado algún "privilegio" o haya hecho alguna "cesión" a la Iglesia.
Por el contrario, ha explicado que se han eliminado sus "privilegios" fiscales y se ha avanzado en su autonomía financiera.
En esta línea ha recordado que todos los países europeos conceden tratamientos fiscales especiales a las distintas iglesias.
Fernández de la Vega, que ha negado cualquier tinte electoral en su comparecencia, a dos meses de las elecciones, ha dicho que acudía al Parlamento para dar la "respuesta" a los obispos que se pedía al Gobierno desde las críticas lanzadas por los obispos el pasado 30 de diciembre en la madrileña Plaza de Colón.
En este sentido ha reconocido que dentro de la jerarquía eclesiástica hay "pluralidad" y existe un sector "más conciliador" que otro, con el cual las relaciones son más "fáciles".
Al PP le ha acusado de tener "algunos" responsables que "suscriben o dictan las posiciones más extremas de un sector de la jerarquía eclesiástica" y ha negado tajantemente que el Gobierno haya buscado en modo alguno la confrontación con los católicos.
"El Gobierno no ha confrontado, ni confronta, ni confrontará", ha asegurado dirigiéndose a la portavoz del PP, Maria Salom, en cuyo discurso ha mezclado, a su juicio, "churras con merinas" en un planteamiento "caótico" que agrupa "demasiadas posiciones".
La vicepresidenta ha emplazado a este partido a aclarar si va a suprimir los nuevos derechos que se han concedido en esta legislatura o si su vigencia dependerá de la "mera oportunidad".
También ha negado que al Ejecutivo le moleste que los obispos se manifiesten, puesto que siempre ha respetado el derecho de todos a expresar sus ideas, pero ha insistido en que "se ha atacado al Gobierno faltando a la verdad", porque, según ella, "no es cierto", como dijeron los obispos en Madrid, "que se ataque a la familia ni que se diluya la democracia y se vulneren los derechos humanos en España".
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