Sevilla.- La mayoría socialista ha rechazado hoy la convocatoria de sendas sesiones extraordinarias de pleno y comisión parlamentaria para que el Consejo de Gobierno comparezca a fin de informar sobre la situación en la Bahía de Algeciras por los vertidos procedentes del buque "New Flame".
Continúan los trabajos de la empresa de salvamento de naves 'Titan Maritime', contratada por la aseguradora del 'New Flame ' para recuperar el buque chatarrero que sigue en la Bahía de Algeciras.
La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, órgano encargado de velar por los poderes de la Cámara durante el periodo de vacaciones parlamentaria, ha analizado y sometido hoy a votación dichas solicitudes de convocatoria formuladas por los tres grupos de la oposición.
La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Antonia Moro, ha argumentado que la responsabilidad "exclusiva" del vertido provocado por el citado buque recae en el Gobierno de Gibraltar, tras lo que ha recordado que la Junta de Andalucía está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales por lo sucedido.
Según el PSOE, tanto el Ejecutivo central como el Gobierno andaluz han adoptado medidas, en el ámbito de sus competencias, en referencia a la puesta en marcha del correspondiente plan de emergencia y la habilitación de los recursos necesarios.
"Me gustaría que la misma hostilidad del Gobierno contra la Iglesia se tuviera contra el gobierno de Gibraltar, ha replicado la portavoz del Grupo Popular, Esperanza Oña, que ha lamentado la "continua bajada de pantalones" y ha exigido que se "depuren responsabilidades" en este asunto.
"Que se haga lo que haya que hacer contra Gibraltar, pero el Ejecutivo español y la Junta tienen que tomar cartas en este asunto", ha insistido Oña, quien ha asegurado que "nadie está buscando otro Prestige, lo que pedimos es que se limpie" la zona afectada, pero "Chaves y Zapatero esconden la cabeza".
La portavoz de IULV-CA, Concha Caballero, ha reconocido que las tareas de recuperación de la chatarra del buque corresponden al Gobierno gibraltareño, pero el Ejecutivo español y la Junta "tenían que haber hecho gestiones para evitar estas consecuencias cinco meses después".
"Ha faltado presión política y coordinación entre las instituciones", ha sentenciado Caballero, que se ha preguntado "qué ha pasado con la posible denuncia y la petición de indemnizaciones que planteó Chaves el pasado 26 de diciembre".
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