Barcelona.- CiU y PP han sido las dos únicas formaciones políticas catalanas que han decidido, por distintas razones, no enviar a ningún representante al acto de inauguración de la Agencia Tributaria de Cataluña.
Pese a que CiU votó en el Parlamento catalán a favor de la ley de creación de la Agencia Tributaria de Cataluña, hoy no ha acudido al su acto de inauguración, al considerar que simplemente se trataba de un "mero cambio de rótulo".
Según han indicado a Efe fuentes de CiU, lo que antes se llamaba Dirección General de Tributos de la Generalitat ahora es la Agencia Tributaria de Cataluña, pero ello "no afectará a la vida normal de los ciudadanos", ya que "aún no se han cedido los impuestos que prevé el Estatut" y "no se ha dado ningún paso hacia la administración tributaria única" en Cataluña.
Pese a la ausencia de representantes de CiU en el acto de hoy, la federación nacionalista insiste en que estará "al lado del gobierno de la Generalitat" siempre que sea para "avanzar" en dotar a la Agencia Tributaria catalana de las máximas atribuciones.
Las citadas fuentes han asegurado que las relaciones con el conseller de Economía, Antoni Castells, son correctas y, en este sentido, han recordado que la semana pasada los diputados de CiU Antoni Fernández Teixidó y Jordi Turull se reunieron con él para tratar este asunto.
Tampoco el PP ha enviado a ningún dirigente a la inauguración de la Agencia, aunque por motivos diametralmente opuestos a los de CiU.
La portavoz del PP en el Parlamento catalán, Carina Mejías, ha afirmado que la apertura de la Agencia Tributaria Catalana es "un nuevo desafío del tripartito catalán" y representa "un paso más hacia la independencia económica y hacia la relación bilateral con el Estado".
Este sistema de relación es, según ha apuntado en un comunicado, "injusto e insolidario con el resto de comunidades".
Según Mejías, además, es necesario "esperar a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso del Estatut" antes de dar pasos adelante en el desarrollo de la Agencia Tributaria.
Mejías considera que no hay que desarrollar "aquellos artículos del Estatut que están recurridos, como medida de prevención ante una futura sentencia del TC, para evitar que cuando se dicte, haya que dar marcha atrás".
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