La Junta dice que la oposición a la OCM es minoritaria

Toledo.-  El vicepresidente primero de la Junta, Fernando Lamata, consideró hoy "minoritaria" la oposición a la OCM del Vino que ayer expresaron más de 300 agricultores en Toledo y afirmó que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) permitirá regar en la zona sin la preocupación que supone la existencia de pozos que no cuentan con autorización.

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(EFE)

El presidente de Castila-La Mancha, José María Barreda, interviene en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Lamata, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, reconoció que es verdad que falta agua en la zona de La Mancha, en Socuéllamos y en municipios vecinos, como denunciaban ayer los manifestantes convocados por la Plataforma por el Agua y la Viña.

No obstante, explicó que el Gobierno de Castilla-La Mancha está a favor de la utilización sostenible del agua en la cuenca alta del Guadiana, donde recordó se pueden usar 300 hectómetros cúbicos al año, y "vamos a hacer políticas de agricultura, industria y desarrollo urbano que consuman ese agua".

Además, indicó que sería "incoherente" que el Ejecutivo regional, que se opone a la postura del Levante de que se detraiga agua de otras cuencas para su desarrollo, apoyara que aquí se hiciera lo mismo, como demandan los que piden que se saque agua del Tajo para recargar el acuífero.

"Sería incoherente por nuestra parte estar criticando una política del Gobierno de España en un ámbito y estar queriendo plantearla en nuestro ámbito de otra forma", dijo Lamata.

Explicó que "el Gobierno de Castilla-La Mancha plantea una estrategia de "desarrollo sostenible y responsable, prudente, con la utilización al máximo de la capacidad que tenga el Alto Guadiana, pero sin querer agotar esos acuíferos y dejarlos exangües o sin querer plantear esa detracción de otra cuenca para el desarrollo económico".

Recordó que el Gobierno de España en el PEAG planteaba sólo reducir el uso del agua en el Alto Guadiana, a lo que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, dijo que no "porque eso es dejar sin alternativa a una zona de medio millón de habitantes".

"Eso no puede ser", indicó Lamata, que añadió que "lo que tenemos que hacer es dar un plan que suponga una reorientación de la economía de esa zona para permitir el mantenimiento de las rentas y el desarrollo de la zona".

El vicepresidente primero indicó que así el PEAG "ha incorporado la posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas agrícolas, industriales y de servicios, y ha planteado también que todos los agricultores que tengan dedicación a ese oficio, unas explotaciones de carácter social y que ganarse la vida con la agricultura, van a tener agua bastante".

Indicó que, además, el PEAG permite asignar agua en acuíferos sobreexplotados y "poner en orden" la situación de los pozos que no cuentan con autorización, con lo que se resolverá "parte" de la preocupación que existe por esa cuestión".

Explicó que en el PEAG se ha conseguido financiación para comprar derechos de agua "y no perjudicar a las personas que dejen de utilizar ese agua", además para dar alternativas económicas a través del fomento de nuevas industrias y actividades medioambientales.

A juicio de Lamata, "esa filosofía coherente mantendrá la capacidad de desarrollo socioeconómico de la zona y de la actividad agrícola de las personas que trabajan en esa zona", garantizando que tendrán agua para poder regar y que lo puedan hacer sin la preocupación que puede suponer hacerlo de forma ilegal.

Lamata dijo que Barreda reclama esa misma responsabilidad que ha tenido el Gobierno de Castilla-La Mancha a otras regiones y al Ejecutivo de la Nación, y agregó que si aquí se va a reorientar la agricultura de zonas como la del Alto Guadiana, también tendrá que hacerse en Murcia y en otras comunidades autónomas.