El gobierno canario es la institución peor valorada por los canarios según el CES

Las Palmas de Gran Canaria.-  El Gobierno canario es la institución peor valorada por los canarios, que confían más en los ayuntamientos y Gobierno estatal, puntúan su calidad de vida en un 6,5 y consideran que el principal problema es el paro, aunque el que más les afecta es la sanidad, según el I Barómetro del CES

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(EFE)

El presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, Fernando Redondo (i) y el secretario general Carlos Valcárcel durante la presentación hoy en un desayuno de trabajo del barómetro de opinión pública relativo a 2007 que elabora la institución.

El 81 por ciento piensa que el turismo es muy importante para Canarias, pero el 45 cree que evolucionará negativamente, mientras en la pregunta de cómo le ha afectado la subida de los tipos de interés, el 38 por ciento asegura que de ninguna forma y el 36 que ahorra menos.

La ciudadanía opina que el Gobierno canario debe invertir principalmente en sanidad, vivienda y educación, y para ello propone que saque los recursos de sus destinos actuales.

Se trata de algunos de los datos del primer estudio realizado por el Consejo Económico y Social de Canarias (CES), cuyo objetivo es realizar dos encuestas al año para que sirvan de guía al Gobierno en la toma de decisiones, explicó su presidente Fernando Redondo.

La inmigración, los incendios del verano y el mercado laboral son algunos de los asuntos por los que se le ha preguntado a 3.016 residentes canarios distribuidos por isla, sexo y edad.

Así, la situación política canaria suspende con una nota del 4,22, ya que sólo el 10 por ciento cree que es buena y mala o regular el 79 por ciento, la mayoría cree que está igual que el año pasado y que seguirá así el próximo.

El 83 por ciento de los canario no tiene apenas tiene interés en la política y su grado de confianza en las instituciones es inferior al 5, aunque los ayuntamientos son los más cercanos al aprobado (4,9), seguidos del Gobierno estatal, el segundo en confianza para los canarios, cabildos y, finalmente, el Ejecutivo canario (4,6).

La nota que la población confiere a la gestión del Gobierno de CC y PP es del 4,38 y la de la oposición socialista del 4,69, mientras la mayoría no sabe qué grado de autogobierno da el Estatuto de Autonomía ni cómo les afecta.

En cuanto a su posicionamiento político, el 25,9 por ciento dice ser de centro-izquierda y el 11,4 de centro-derecha, porcentajes que coinciden con las simpatías que despiertan el PSOE y el PP, mientras CC lo hace en el 9 por ciento de la ciudadanía.

Los canarios, que en el 90 por ciento de los casos no ha pertenecido ni pertenece a organizaciones sindicales, ONG o asociaciones, y tiene como principales aficiones estar con la familia, pasear, salir con los amigos y hacer departe, piensan que la situación económica se merece un 4,5 y el 87 por ciento cree que es regular o mala.

El principal valor para los isleños es la salud, la familia, el trabajo y el dinero, lo que coincide con su principal problema (la salud) y el área que creen que debería contar con mayor inversión.

Aunque la ciudadanía opina que el paro es el principal problema de la población, lo coloca en el segundo lugar de los que más le afectan y el tercero de los problemas del mercado laboral, pues los primeros son la temporalidad y la inestabilidad.

El 61 por ciento no tiene capacidad de ahorro, destinan el 42 por ciento de sus ingresos a la alimentación y el 26 por ciento a gastos del hogar.

Califican la pobreza como el factor que más afecta en Canarias, seguida de la desigualdad de género y en tercer lugar el racismo, y el 60 por ciento está dispuesto a sacrificar un mayor desarrollo económico en beneficio de la sostenibilidad.

En el ámbito de la inmigración, los canarios consideran que la presencia de extranjeros es alta, aunque no tienen claro si ello es bueno o malo para el archipiélago ni si hace falta mano de obra foránea.

En cualquier caso, el 39 por ciento de los canarios afirma que los inmigrantes deben ser repatriados y el 28 apuesta porque se distribuyan en el territorio nacional, mientras aboga por la regularización el 23 por ciento.

El 54 por ciento cree que la ley que regula la inmigración es muy tolerante, aunque sólo el 11 por ciento dice que se les debe prohibir la entrada y el 78 por ciento opina que se debe permitir la entrada sólo a los que cuentan con contrato de trabajo.

Con respecto a los menores inmigrantes, el 56 por ciento piensa que deben ser acogidos y tutelados y el 36 por ciento que deben ser repatriados.

Preguntados por los incendios del verano, la mayoría piensa que no se actuó con rapidez y califica de mala la coordinación entre administraciones.