Las Cortes Generales aprueban definitivamente la ley de Memoria Histórica

Madrid.-  La Cortes Generales han dado su visto bueno definitivo a la Ley de Memoria Histórica después de que el Pleno del Senado haya rechazado hoy los vetos presentados por el PP y ERC y las 112 enmiendas que registraron los grupos parlamentarios.

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(EFE)

La vicepresidente del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega (izda, abajo), aplaude junto al resto de diputados tras ser aprobada el pasado 31 de octubre la Ley de Memoria Histórica en el Congreso. Hoy ha sido ratificada también en el Senado.

De esta manera, la iniciativa ha superado su último trámite en la Cámara Alta sin que se introduzca alguna modificación respecto al texto aprobado el pasado 31 de octubre por el Congreso de los Diputados con el voto favorable de todos los grupos, a excepción de PP y ERC.

Esta norma entrará en vigor un día después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que podría ocurrir antes de que acabe esta misma semana.

Al contrario que lo que ocurrió en el Congreso, el trámite de esta ley en el Senado ha sido bastante breve, ya que sólo han hecho falta dos reuniones de Ponencia, una sesión de la Comisión Constitucional y el posterior debate en el Pleno para su ratificación definitiva.

De nuevo, durante la revisión del texto en el Senado, todos los grupos han dado su apoyo a este proyecto, menos los integrantes del grupo popular y los cuatro senadores de ERC.

En el transcurso del debate de la norma en el pleno de la Cámara Alta, el PSOE ha defendido la necesidad del proyecto para promover la reparación moral de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil, mientras que el PP ha denunciado que el Gobierno ha convertido esta ley en un "arma arrojadiza" que está provocando "efectos negativos" en la sociedad española.

Desde la bancada socialista, la senadora Lentxu Rubial ha afirmado que su grupo no pretende "ningún revisionismo, ni hacer electoralismo" con esta iniciativa, que no tiene "ningún ánimo revanchista".

La parlamentaria, hija del histórico dirigente socialista Ramón Rubial, ha asegurado que esta norma supone un "valioso y definitivo paso colectivo" en el "camino de la reconciliación" iniciado durante la Transición.

En su opinión, da "respuestas legítimas a peticiones de los ciudadanos en el marco de concordia que recoge la Constitución" y se erige como una norma "necesaria" para reconocer algunos "errores de pasado" y conseguir la "reconciliación definitiva que se inició con la Democracia".

Las mayores críticas a esta iniciativa, que se titula oficialmente "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura", las ha vertido en el debate el senador del PP Alejandro Muñoz-Alonso.

El parlamentario popular ha tachado de "innecesaria e inútil" esta ley, que, a su juicio, se disfraza de "iniciativa de concordia" para dar "un paso más en la estrategia de ruptura" del Ejecutivo "del pacto constitucional".

Después de considerar "hipócrita" el proyecto, Muñoz-Alonso ha insistido en que el texto "lleva en su frontispicio gérmenes de disenso y discordia" y no tiene "ningún sentido".

Ha querido dejar claro que existen elementos suficientes en el ordenamiento jurídico para reparar daños a las víctimas de la dictadura y la Guerra Civil, y que el Ejecutivo podría haber articulado nuevas medidas para los casos no regulados mediante decreto y no con la aprobación de esta norma.

ERC también se ha opuesto a la ley al considerarla "insuficiente" y por no eliminar los "claroscuros" de la Transición, según el senador Miquel Bofill.

Bofill ha explicado que su grupo seguirá trabajando por la elaboración de una ley "justa y coherente" y en la que no existan "dos varas de medir" en algunos apartados.

En este clima de confrontación, el senador Pere Macías (CiU) ha considerado que ningún grupo parlamentario ha estado "a la altura" de las circunstancias en "un debate de estas características".

Para la senadora del PNV Elena Etxegoyen, esta norma no rompe, sino que "suma" porque es "útil, necesaria, relevante y dignifica el Estado de Derecho".