Rechazan la posición del gobierno salvadoreño sobre el asesinato del arzobispo Romero

San Salvador.-  Unas 25 organizaciones sociales rechazaron hoy la posición del Gobierno salvadoreño sobre las recomendaciones de la CIDH por el asesinato del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero en 1980, y anunciaron que podrían impulsar una nueva demanda.

ampliar foto

(EFE)

Un feligrés muestra un retrato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980, cuando oficiaba misa en la capilla del hospital para cancerosos La Divina Providencia de esta ciudad.

El abogado David Morales, de la Concertación por la Paz y la Justicia Social, dijo en una rueda de prensa: "Hoy lanzamos una voz de preocupación porque pareciera que la justicia como derecho humano está proscrita en El Salvador".

Agregó que las 25 organizaciones que integran la Concertación rechazan las recientes declaraciones del presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, y del canciller, Francisco Laínez, sobre la negativa de derogar una Ley de Amnistía, decretada en 1993 y que dejó impunes cientos de delitos cometidos en el marco de la guerra civil (1980-1992).

La derogación de la Ley es parte de las recomendaciones hechas en el año 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el asesinato de Romero, demanda presentada por la oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador.

Romero, que denunció las injusticias cometidas por el Ejército contra la población civil, fue asesinado de un disparo en el corazón el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misa.

Según el informe de la Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes cometidos en la guerra, Romero fue asesinado por un escuadrón de la muerte que actuó bajo el mando de Roberto D'Aubuisson, fundador de la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).

Morales afirmó que el Gobierno al negarse a derogar la Ley de Amnistía "está defendiendo un Estado de impunidad y públicamente a través de sus declaraciones manifiesta su posición de desacatar las recomendaciones de la CIDH".

Informó de que de las organizaciones dieron inicio hoy a una campaña para exigir el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión y que si el Gobierno continúa desacatándolas podrían interponer una nueva demanda ante el mismo organismo.

Morales explicó que la nueva demanda se basará en la "negación de justicia" que actualmente mantiene el Estado salvadoreño al no cumplir las recomendaciones de la CIDH, que incluyen, a parte de derogar la amnistía, la investigación del crimen y la reparación a las víctimas.

El abogado, que ofreció las declaraciones acompañado de otros miembros de la concertación en un Monumento a las Víctimas de la guerra edificado en un parque cercano al centro de la capital, pidió al actual arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, más transparencia en las pláticas que ha iniciado una comisión de la Iglesia con el Gobierno sobre el caso.

"El señor arzobispo de San Salvador debe una explicación al pueblo de Dios, a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional. No puede seguir guardando silencio sobre su negociación con el Estado", dijo.

Al respecto agregó: "Tenemos derecho a saber qué está pidiendo el arzobispo, qué le está ofreciendo el Estado, a cambio de qué se negocia el martirio de nuestro profeta Monseñor Romero".

"El gesto de este día significa que las organizaciones de derechos humanos y el movimiento social en El Salvador asumirá protagonismo en el caso" e "intervendrá" ante la CIDH para evitar que éste sea "manipulado políticamente por el Gobierno", dijo la fuente.