Bolivia pide que a la OEA que envíe una comisión de CIDH para investigar las muertes en Sucre

Washington.-  El Gobierno de Bolivia solicitó hoy formalmente al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que envíe una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue las tres muertes ocurridas recientemente en la ciudad de Sucre.

Así lo anunciaron hoy el viceministro boliviano de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, en declaraciones a la prensa tras la reunión que mantuvieron con Insulza en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La reunión de la delegación gubernamental con Insulza se produce un día después de que los prefectos (gobernadores) de las regiones de Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Tarija denunciaran ante la OEA supuestos "atropellos" a la democracia por parte del presidente Evo Morales.

Los opositores también pidieron al organismo interamericano que envíe una misión a Bolivia, aunque esa solicitud solo puede ser formulada por el Gobierno del país.

Según Arce, el Gobierno de La Paz ha transmitido a Insulza "la más amplia voluntad de recibir a la OEA en Bolivia para cualquier misión de observación, de investigación o de verificación de los hechos".

La delegación del Gobierno boliviano pidió "expresamente" a la OEA que investigue los hechos violentos ocurridos recientemente en Sucre, cuando se aprobó en primera instancia el proyecto de Constitución, en medio de disturbios que causaron tres muertos.

La sesión de la Asamblea Constituyente en la que aprobó el proyecto de Carta Magna se celebró en un colegio militar de Sucre, la capital oficial de Bolivia, sin la presencia de la oposición.

"El mensaje del presidente Morales es que las posibilidades de que nos visite una misión de la OEA están plenamente abiertas, pero la solicitud expresa es que a través de la CIDH se efectúe una investigación independiente, imparcial, completa e concluyente de lo que ha sucedido en Sucre", precisó Llorenti.

De las tres personas fallecidas en los disturbios, "una ha muerto por impacto de un proyectil de un arma de fuego y hasta ahora no se conoce ni siquiera el protocolo de la autopsia. Queremos garantizar que haya una investigación clara de los hechos", señaló el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales.

Según Llorenti, el Gobierno también ha invitado a distintas organizaciones internacionales de Derechos Humanos "para que visiten el país en cualquier momento".

"Todo se va a manejar con la más absoluta transparencia, porque lo que tenemos en Bolivia es un proceso democrático fortalecido que está amenazado por ciertos intereses minoritarios que no quieren que las cosas se resuelvan a través de la Asamblea Constituyente y la democracia", dijo Llorenti, al aludir a los gobernadores de la oposición.

En la reunión con Insulza, la delegación del Gobierno boliviano expresó su preocupación por los "llamados a la desobediencia civil, a la resistencia, a las tomas violentas de instituciones y a las fuerzas armadas, que, a juicio de Arce, "no es otra cosa que hacer un llamamiento para derrocar al Gobierno legalmente constituido".

Tras la reunión, el secretario general de la OEA manifestó a la prensa su disposición a ayudar a Bolivia.

El Consejo Permanente analizará la petición del Gobierno y de los prefectos el viernes, pero Insulza consideró que no será necesario enviar una misión.

"Las misiones se envían cuando se considera que hay una crisis de alto nivel y considero que en este momento debemos prescindir de este tipo de formalidades", explicó.

Sin embargo, la OEA no descarta que haya una "visita de trabajo" de las autoridades del organismo a Bolivia.

En cuanto a la solicitud de que el organismo continental envíe una comisión de la CIDH a Bolivia, el ex ministro chileno dijo que el Gobierno de Morales le enviará un informe de los hechos y las investigaciones sobre lo ocurrido en Sucre.

La decisión en este caso corresponderá a la CIDH, órgano autónomo de la OEA.

A juicio de Insulza, para resolver el conflicto entre las partes "es necesario un periodo de diálogo, una conversación política serena y con calma".