El Tribunal Supremo de EE.UU. muestra división sobre Guantánamo

Washington.-  El Tribunal Supremo de Estados Unidos mostró hoy en una audiencia su división sobre los derechos de los detenidos en Guantánamo, cuyo futuro depende de la decisión de la máxima corte del país.

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(EFE)

Manifestantes con monos naranjas y con carteles a las afueras de la Corte Suprema de Estados Unidos, hoy, en Al Odah v, en Washington, Estados Unidos.

Es la tercera vez que el tema entra en el edificio, construido al estilo de un templo griego con columnas corintias y cuyo frontispicio reza "Igualdad bajo la Justicia".

La cuestión en la mesa del Supremo es si esa igualdad también se extiende a los 305 encerrados en la base estadounidense en la isla de Cuba, algunos de los cuales llevan allí casi seis años sin haber sido acusados de ningún delito.

Esa situación, a primera vista, viola uno de los mecanismos fundamentales del derecho anglosajón: el derecho del detenido a pedir su puesta en libertad ante un juez, que debe determinar si se justifica su encarcelamiento.

Este derecho, conocido como hábeas corpus y que data de la Inglaterra del Siglo XIV, ha sido una salvaguarda del individuo frente al poder del monarca para encerrar y tirar la llave.

El caso de Guantánamo, sin embargo, es especial porque los detenidos son extranjeros y están encarcelados en suelo cubano.

Los nueve jueces que se sentaron hoy en el estrado de caoba de la cámara del Supremo deberán decidir hasta el fin de su período de sesiones, en junio, si el hábeas corpus protege a los detenidos en Guantánamo y posiblemente en otras prisiones estadounidenses en el extranjero.

Su dictamen puede tener gran influencia en la capacidad de quien gane las elecciones presidenciales de noviembre de 2008 para conducir la "guerra contra el terrorismo".

En la audiencia de hoy lo que se puso de manifiesto es la división interna de los magistrados de acuerdo con líneas ideológicas.

En el lado conservador, el juez Antonin Scalia presionó a Seth Waxman, el abogado de los detenidos, para que le mostrara "un sólo caso, incluso en la historia del imperio británico", en el que los tribunales reconocieran el derecho a hábeas corpus de un extranjero que no estuviera en el territorio nacional.

Y el presidente del tribunal, John Roberts, puso en duda que la duración de la detención fuera importante en el caso, como había señalado Waxman.

El abogado resaltó, por su lado, que la ley cubana no tiene jurisdicción en Guantánamo y si no se aplica la estadounidense, la base "será un lugar sin ley".

Luego le tocó el turno a Paul Clement, el representante del Gobierno, quien afirmó que los extranjeros capturados y detenidos fuera del territorio nacional no tienen ningún derecho constitucional a una audiencia en los tribunales federales.

No obstante, la perspectiva de tener un lugar sin ley claramente preocupa al Supremo, que en 2004 determinó que los presos en Guantánamo tienen el derecho a que se examine la legalidad de su detención.

El Pentágono respondió con la creación de unas juntas militares llamadas formalmente "Tribunales de Revisión del Estatuto de los Combatientes".

La segunda parte de la audiencia en el Supremo, de unos 75 minutos de duración, se centró en si esas juntas son una alternativa válida al hábeas corpus.

El juez John Paul Stevens destacó que en esos procedimientos el detenido no tiene derecho a un abogado, mientras que Stephen Breyer y David Scouter se manifestaron muy preocupados de que no se les permita apelar su encarcelamiento ante un tribunal federal.

Clement replicó que a los presos de Guantánamo se les ha concedido más derechos que a otros individuos capturados durante guerras anteriores.

Y en todo caso, dijo que una ley aprobada por el Congreso en los últimos días de dominio republicano, a finales de 2006, explícitamente impide acudir a los tribunales federales a cualquier extranjero que el presidente de Estados Unidos califique como "combatiente enemigo".

El Tribunal Supremo deberá determinar si esa ley es constitucional. También podría enviar el caso de vuelta a la corte de apelaciones del Distrito de Columbia, como sugirió el juez Anthony Kennedy.

Waxman dijo que eso supondría un retraso adicional para unos detenidos que llevan seis años esperando justicia. Clement, en cambio, afirmó que el Gobierno estaría de acuerdo con esa decisión.