La plaza de la corrupción

Las acusaciones mutuas de corrupción en Castilla-La Mancha, región donde podrían coincidir las mayores tramas de los últimos años, sólo ponen de manifiesto una cosa: los dos púgiles del ring político dan por hecho que la corrupción es un mal necesario.

Abonados a la corrupción, tituló este medio su crónica de apertura del pasado viernes. El mismo día, El Digital de Castilla-La Mancha optó por un formato bien similar: Trama contra trama. Gürtel versus CCM, o si se prefiere Gürtel versus (indicios de) Malaya. Un total de tres (supuestas) tramas que además presentan en algunos puntos coincidencias. Nada para señalar a nadie como culpable, pero sí para ser investigadas. Gobierne quien gobierne. La semana recién terminada nos deja así un retrogusto amargo: además de la imparable crispación, hay que lamentar el asentamiento de la cultura de la corrupción.

Porque cuando dos partidos políticos mayoritarios se echan en cara el uno al otro estar inmersos en casos de corrupción, es porque se está dando por válida la tesis de que la corrupción es una realidad en el día a día de las altas esferas de la política y la economía. Por tanto, la crispación, siendo muy grave para la salud de la convivencia democrática, no es nada comparado con la verdadera enfermedad de la que el rifirrafe político es sólo un síntoma: se acepta como mal necesario las corruptelas, las corrupciones, el bandidaje y el gangsterismo, de guante más o menos blanco, de perfil más o menos amable, de bolsillo más o menos generoso.

¿Por qué gusta tanto la corrupción en España? ¿Se puede decir que hay corrupción por unos trajes de más, o unas anchoas cántabras, o unos miles de euros en gastos de representación? El verbo corromper está definido por la Real Academia Española como "sobornar a alguien con dádivas o de otra manera" (tercera acepción). La RAE incide en cierta tautología al definir el verbo sobornar como "corromper a alguien con dádivas para conseguir de él algo". Así que hay que buscar otra palabra para salir del atolladero. Por ejemplo, cohecho: "delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, o en la aceptación del soborno por parte de aquellos".

Estas definiciones nos sirven para trascender la óptica limitada de los trajes, las anchoas o los (miles de) euros. Se trata, en cualquier caso, de "conseguir algo" de alguien, y en la búsqueda activa o la aceptación pasiva de lo que se entrega con la expectativa razonable de que la dádiva modificará una conducta legislativa, ejecutiva o juidicial que de otro modo sería casi imposible obtener. El peligro, por tanto, de la corrupción, no estriba en qué es lo que se regala, sino en qué es lo que se obtiene a cambio del regalo, sea o no proporcional a la valía de lo regalado: influencia, contratos o poder de decisión.

De eso tan grave es de lo que se acusan mutuamente socialistas y populares en Castilla-La Mancha. Acusaciones que, como veremos, están relacionadas con la crisis económica, como compendio de una nula politica financiera a escala global, y la suma de elementos perniciosos en España: el modelo de gratificación política, el crecimiento basado en el ladrillo, la escasa efectividad de la legislación específica, la impudicia e impunidad de los representantes públicos, los niveles nauseabundos de clientelismo en los medios de comunicación y, por si fuera poco y de remate, la actitud contemplativa, adormecida y autocomplaciente de una ciudadanía, la española, incapaz de rebelarse ante semejante escenario.

En el artículo ¿Por qué hay tanta corrupción en España?, publicado en El País por Víctor Lapuente Giné, profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de Gotemburgo (Suecia), su autor niega que las tradiciones culturales o los vacíos legales sean causa de la corrupción. Antes bien, son su consecuencia, junto a otras tan indeseables o más como la pérdida de espacios públicos, la desmotivación ciudadana y la inversión del esquema de político al servicio del ciudadano. La causa ha de ser buscada, según Lapuente, en una práctica intencionada: estructuras de poder vinculadas a los partidos políticos, verdaderos mecenas de cientos, miles, de puestos de trabajo cuya pervivencia depende de sus servicios a la causa electoral.

Para evitar que la necesaria fluidez entre los cargos de confianza y la maquinaria legislativa se contamine, existe en España una exhaustiva legislación al respecto. Sólo a modo de cita, y tomando como fuente el Informe Global 2008 sobre la corrupción en España, editado por Transparency International España, valga nombrar el Código de Buen Gobierno aprobado en febrero de 2005, la Ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos, o La Ley del Suelo de 2007, que amplía las exigencias sobre declaraciones de bienes y patrimonio a quienes tengan o hayan tenido relación con las instituciones.

Sin embargo, la lectura de algunos preceptos contemplados en dichos documentos es, cuando menos, sonrojante. Código de Buen Gobierno: se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que, más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, puedan condicionar el desempeño de sus funciones. Ley del suelo: los representantes locales que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local, y también los directivos locales (...) durante los dos años siguientes a su cese no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado.

Además, y ya que hablamos de Ley del Suelo, la política de protección, amparo o impulso a la especulación inmobiliaria ha estado enfocada no a dimensionar el bienestar público, sino el privado, a cambio de ciertas prebendas. Así lo establece el informe de Transparency International, que cifra en un 150% el incremento de los precios de la vivienda entre 1998 y 2008. Por otro lado, el artículo de la enciclopedia abierta de Internet, Wikipedia, sobre la Corrupción en España, es sólo un apartado del título general, relativo a Corrupción Urbanística en España. Lo que rompe todas las reglas de la jerarquización lógica de la información. Por algo será.

En todo caso, la legislación no parece estar para los líderes de la cosa política. A cualquier ciudadano, a cualquier empresa (a este mismo Confidencial, sin ir más lejos), que se le ocurriera acusar a diestro y siniestro, en público y mediante la legítima imitación de sus representantes públicos, sería conducido directo a los tribunales, y puesto en la picota por una temporada. Sobran los ejemplos: la acusación de la presidenta regional y secretaria general del PP, sobre el doble rasero en la Fiscalía Genral y en el Cuerpo Nacional de Policía; o la elevación a sospechosos por parte del PSOE de una categoría legislativa inferior, cual es la de imputado, si a lo que nos referimos es a la supuesta trama Gürtel.

En la cima del despropósito, cuando un líder acusa, lo hace con total impudicia y práctica impunidad. Pero cuando es acusado, califica la operación de "cortina de humo". El secretario de organización del PSOE, José Manuel caballero, entre muchos otros, es experto en estas lides. Nadie da pruebas. Ni siquiera los medios de comunicación: los grandes, al servicio de la facción de turno; los más modestos, y la mayoría de los provinciales, pendientes de que no se pase ninguna nota de prensa de ningún cliente publicitario, y de que el cacique local de turno no "ladre" sobre quién debe o no debe salir en la foto. Crea el lector que en Albacete sobran ejemplos de estas dos últimas prácticas tan perniciosas para ese artículo por el que todos se rasgan las vestiduras: el 20 de la Constitución Española, el de la libertad de expresión.

No es de extrañar que, de vuelta al informe de Transparency International, los españoles consideren que los partidos son las instituciones más corruptas, con un 3,8 sobre 5, seguida de los medios, con un 3,6. Y en una fenomenal vuelta de tuerca, hasta se entiende que ante tamaño ejercicio de desinformación, los españoles sean los europeos más "ingenuos": el 18% considera que su gobierno es "muy eficaz" en la lucha contra la corrupción, frente a un 5% del total de la muestra, que queda en un 4% si se atiende sólo a la UE y el resto de Europa occidental.

Así nos va. Impasibles ante el espectáculo. Pero deseando que haya sangre para comentar la jugada con el vecino. Quedan pocos taurófilos: la mayoría va a la plaza por si hay cornada. El resto es una de pipas y, si puede ser, el tendido de sombra.


Publicado en Confidencialba