Pobres por Real Decreto

La pobreza no es el resultado de un designio de la Naturaleza, sino una opción social. Eso es algo que se puede comprobar a través de los Presupuestos Generales del Estado. Cuando el Gobierno asigna partidas presupuestarias para sufragar los gastos de una determinada institución de carácter público está eligiendo una opción entre otras alternativas posibles.

Mantener el ejército y las fuerzas armadas de Orden Público, asegurar el salario vitalicio a los funcionarios en activo y a los jubilados de todas las ramas laborales, mantener los servicios públicos de salud, educación, etc. son opciones políticas.

Como también es una opción política permitir que las grandes fortunas no tributen al Fisco con la debida proporcionalidad. Por ello, una cosa debe quedar meridianamente clara: si en este país hay 8,5 millones de pobres la culpa no es de un cataclismo natural ni tampoco se puede atribuir a la escasez de recursos económicos. La responsabilidad de esa catástrofe humanitaria recae tanto en el Gobierno como en el electorado que lo respalda.

Lo cierto es que gran parte de los pobres españoles lo son por depender de ingresos cuya cuantía ha sido deliberadamente establecida por debajo del umbral de pobreza por los políticos rectores del sistema de protección social. Legalmente, la acción de gobierno se sustancia a través de decretos. De manera que es por decreto como se decide la pobreza de millones de jubilados que reciben pensiones mínimas, de los perceptores de pensiones asistenciales y de quienes reciben prestaciones del subsidio por desempleo. Todos ellos son pobres en virtud de Reales Decretos-Leyes sancionados por Su Majestad el Rey de todos los españoles. Por cierto, sufragar a través de los Presupuestos nacionales la lujosa vida que se pegan tanto el Rey como su augusta y extensa parentela es también es una opción política. En una república, mantener al presidente también resulta costoso, pero por lo menos los contribuyentes se ahorran mantener al heredero de la Corona.

En la última década del siglo XX, España entró en un ciclo largo de bonanza económica. Durante sus ocho años de mandato (1996-2004) el Gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar se limitó a actualizar las pensiones mínimas conforme al incremento del Índice del Coste de la Vida (ICV) al que la ley obliga. Es decir que, como se partía de cuantías muy bajas, la pobreza de millones de ancianos se mantuvo constante en términos de inflación.

Tras permanecer ocho años en la oposición, los socialistas liderados por José Luis Rodríguez Zapatero volvieron al gobierno en 2004, revalidando la victoria en las urnas en 2008. La socialdemocracia lo tiene hoy difícil para sustanciar una política social que la diferencie de la derecha más dura sin cuestionar los dogmas del modelo económico neoliberal. Pero las necesidades del guión obligan a efectuar algunos guiños de tipo social. Comenzando por las pensiones mínimas, que es justo reconocer que han sido revisadas, pero en cuantías todavía insuficientes.

Así, el importe de la pensión mínima de carácter contributivo para una persona jubilada con 65 años —que era de 411,76 euros en 2004— se ha incrementado hasta los 546,55 euros mensuales en 2009. Una cuantía inferior al umbral de pobreza señalado por la ECV, que resulta insuficiente para desenvolverse en un entorno de precios muy elevados en los productos y servicios básicos. Pero por debajo de esa línea, hay pensiones todavía más bajas, es decir, misérrimas. Por ejempo, las derivadas del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), creado en 1947 para sustituir al antiguo Retiro Obrero: 368,33 euros mensuales en 2009.

Por otro lado, las Comunidades Autónomas tienen transferida la competencia de las ayudas sociales, que en estos momentos de crisis resultan cruciales para evitar el naufragio social de aquellas personas que han perdido su empleo y agotado las prestaciones del seguro por desempleo. Estas ayudas no son homogéneas ni en las cuantías ni en los criterios con que se conceden. Son auténticas rentas de indigencia, concedidas sólo tras rigurosos y a veces humillantes expedientes de inspección de las circunstancias personales del solicitante.

La tabla siguiente no es de las prestaciones sociales, sino de los salarios de los máximos responsables políticos responsables de mantener en estado de indigencia a miles de ciudadanos que habitan en los territorios del Reino de España.

Presidencias de Comunidades Autónomas (salario anual)

1. José Montilla - Cataluña, 164.043,54 euros
2. Juan J. Ibarretxe – País Vasco, 99.574 euros
3. Esperanza Aguirre – Madrid, 98.700 euros
4. Marcelino Iglesias – Aragón, 87.000 euros
5. Emilio Pérez Touriño – Galicia, 83.374 euros
6. Paulino Rivero Baute – Canarias, 79.963 euros
7. Manuel Mª Chaves – Andalucía, 78.791,00 euros
8. Juan Vicente Herrera- Castilla y León, 78.791 euros
9. J Mª Barreda - Castilla - La Mancha, 78.791 euros
10. José Luis Valcárcel – Murcia, 78.791,00 euros
11. Miguel Sanz Sesma – Navarra, 78.227,94 euros
12. Francisco Camps - C. Valenciana, 77.988,24 euros
13. Francesc Antich – Baleares, 70.657,86 euros
14. Miguel Ángel Revilla – Cantabria, 68.666 euros
15. Vicente Álvarez-Areces – Asturias, 68.002 euros
16. Pedro María Sanz – La Rioja, 63.376,32 euros
17. Guillermo Fdez Vara - Extremadura, 54.244 euros

Ver nómina política in extenso en el blog: Duendes a tirico de las noches

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