El Parlamento estudiará garantizar a cada ciudadano una renta mínima de 500 euros al mes

La comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 28 de abril la propuesta del grupo parlamentario IU-ERC-ICV para poner en marcha una subcomisión de estudio de la viabilidad de la Renta Básica de Ciudadanía (RBC). Una medida que, de llevarse a cabo, supondría asignar a cada ciudadano español una cantidad mínima para poder afrontar los gastos esenciales de subsistencia.

Los partidarios de esta propuesta defienden el ingreso de ciudadanía como una medida encaminada a garantizar el derecho a la existencia sin permiso de nadie, de cada persona. Es decir, que para sobrevivir en una sociedad de la abundancia, nadie tendría que someterse al dominio de un empleador, un cónyuge o un supervisor de los servicios sociales.

Se trata de una propuesta de honda solera filosófica y económica, que se remonta a los escritos de Thomas Paine en el siglo XVIII, y que ha sido defendida por destacados científicos y economistas, alguno galardonados con el premio Nobel. Entre ellos, Norbert Wiener ‘padre’ de la Cibernética, o J. Robert Oppenheimer, director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, o Bertrand Russell. En la década de 1960, Milton Friedman, James Tobin, Paul Samuelson, John Kenneth Galbraith y otros notables economistas, publicaron informes técnicos en torno al denominado “impuesto negativo sobre la renta”, propuesta cercana al Guaranted Income de Robert Theobald.

A partir de 1985, la idea fue relanzada con fuerza desde la Universidad de Lovaina por el colectivo Charles Fourier, liderado por Philippe Van Parijs y Robert Van der Veen. Este grupo fue el precursor del actual movimiento internacional Basic Income Earth Network (BIEN) que aboga por el establecimiento del ingreso garantizado definido como: Un ingreso pagado por el Estado a cada miembro pleno de la sociedad de forma absolutamente incondicional. Lo que que implica que lo recibirá cada persona: a) incluso si no quiere trabajar; b) sin tener en cuenta si es rico o pobre; c) sin importar con quien vive; d) con independencia de la parte del país en la que viva.

Los detractores de la idea, suelen criticarla con hostilidad un tanto primaria y visceral. Siendo sus dos argumentos principales: 1) el coste de la medida sería inasumible. 2) Con la renta básica “nadie trabajaría” y por tanto el sistema económico colapsaría.

Por lo que respecta al impacto presupuestario de la medida, un cálculo exagerado estima que supondría un 12% del PIB. Lo cual es excesivo, teniendo en cuenta que ya hay rentas mínimas garantizadas, como las pensiones, o temporales, como los subidios por desempleo y pobreza, que quedarían absorbidos por la renta básica. De forma que, grosso modo, el impacto sobre el PIB se reduciría al 6% y sería menor todavía si dicho ingreso  sólo se concediera a partir de la mayoría de edad.

Esa cifra es sensiblemente menor que los planes aprobados por el Gobierno de España para inyectar liquidez y subsidiar con avales al sistema bancario han supuesto un desembolso por parte del Erario público de 150.000 millones de euros, es decir, un 15% del PIB. Lo que ha derrumbado el argumento de la inviabilidad presupuestaria de la Renta Básica. Pues, si socorrer a los banqueros, principales responsables de la crisis económica, no plantea un gran problema a las arcas del Estado, entonces, también una Renta Básica es posible, al menos desde el punto de vista macroeconómico.

La hipótesis de que nadie trabajaría con una renta mínima es bastante tosca e insostenible en una sociedad educada para el consumo. Un ingreso mínimo serviría para dar seguridad de que pueden comer a aquellos que hoy no la tienen. Pero sería difícil poder comprar y mantener un automóvil, por ejemplo. Y no parece que en nuestra sociedad haya mucha gente decidida a renunciar a él en aras de una austeridad franciscana.

Frente a ese tópico fácil de la holgazanería inducida, el Nobel de Economía Herbert A. Simon sostiene que, probablemente, no menos de un 90% de los ingresos generados en las sociedades ricas depende no de la productividad individual, sino del capital social. De manera que “no carecería de fundamento moral abogar por un impuesto sobre la renta con tipos elevados, que devolviera la riqueza a sus auténticos propietarios: el cuerpo social en su conjunto”.

El aspecto nada despreciable de la Renta Básica de Ciudadanía es que acabaría con el problema de la pobreza que afecta a uno de cada cinco españoles, que vive con ingresos situados por debajo del umbral de pobreza relativa. Ocho millones y medio de pobres en una nación tan próspera como la nuestra es una realidad política y moralmente inadmisible.

La propuesta de la Renta Básica deja con el culo al aire a los neoliberales españoles, cuyos voceros han lanzado al vuelo las campanas de la crítica sin haber consultado sus propios manuales. Porque el mismísimo Nobel de Economía Friedrich A. Hayek, en “Camino de servidumbre”, obra de obligada referencia para más acérrimos liberales, no se opone a que una sociedad que ha alcanzado un elevado nivel de riqueza garantice, a través del Estado, la seguridad contra una privación material grave, ofreciendo la certidumbre de un determinado sustento mínimo para todos. Garantizando asimismo que cada cual pueda complementar este nivel mínimo de acuerdo a sus méritos. A los interesados, les recomiendo buscar y verificar en el texto original de Hayek este pasaje concreto:

“Igual que la espuria “libertad económica”, y con más justicia, la seguridad económica se presenta a menudo como una indispensable condición de la libertad efectiva. Eso es, en un sentido, tan cierto como importante. [...] Será bueno contraponer desde un principio las dos clases de seguridad: la limitada, que pueden alcanzar todos y que, por consiguiente, no es un privilegio sino un legítimo objeto de deseo, y la seguridad absoluta, que en una sociedad libre no pueden lograr todos, y que no debe concederse como un privilegio —excepto en unos cuantos casos especiales, como el de la judicatura, donde una independencia completa es de extraordinaria importancia—. Estas dos clases de seguridad son: la primera, la seguridad contra una privación material grave, la certidumbre de un determinado sustento mínimo para todos, y la segunda, la seguridad de un determinado nivel de vida o de la posición que una persona o grupo disfruta en comparación con otros. O, dicho brevemente, la seguridad de un ingreso mínimo y la seguridad de aquel ingreso concreto que se supone merecido por una persona. [...] No hay motivo para que una sociedad que ha alcanzado un nivel general de riqueza como el de la nuestra, no pueda garantizar a todos esa primera clase de seguridad sin poner en peligro la libertad general.”

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