La cara B. Sólo 901 contratos estables para inmigrantes extra-UE para todo 2009. En 2008 fueron 15.000

Se trata de favorecer la llegada de trabajadores con contrato en origen que tendrán los mismos derechos que los trabajadores autóctonos. Así, se liga inmigración con fuerza de trabajo. Sin embargo hay un detalle que se le escapa al Gobierno español, y es que tal vez no sea necesario que lleguen más inmigrantes para que crezca el número de ilegales, pues este número crecerá pero entre los que ya viven y trabajan entre nosotros. ¿Quieren saber por qué? Sigan leyendo un poco por favor.

El Consejo de Ministros del pasado 19 de diciembre aprobó el contingente o cupo de trabajadores extranjeros no pertenecientes a países de la Unión Europea que podrán tener un trabajo estable en el Estado español durante 2009. La cifra de 901 se ha aprobado teniendo en cuenta la demanda de mano de obra expuesta al Gobierno por los distintos territorios del Estado. Más del 80% de esos contratos se ofertan en Catalunya, Euskadi y Galiza. La cifra, así aislada, no nos parece ni mucho ni poco, pero rápidamente se convierte en una cifra ridícula si la comparamos al cupo de 15.000 que se aprobó para el presente año 2008.

No hay que pensar que durante 2009 sólo 901 trabajadores "extracomunitarios" podrán trabajar aquí. Esta cifra se refiere sólo a los contratos en origen por un período al menos de seis meses, por lo que quedan excluidos por ejemplo los contratos temporales en el sector servicios (mayoritariamente en la hostelería durante el verano) y en la agricultura (los "temporeros" que recogen la fruta de temporada).

Si el mercado de trabajo fuera realmente un mercado como cualquier otro que obedeciera a la ley de la oferta y la demanda y se reajustara él solito dicho cupo o contingente no se tendría que establecer anualmente por el Gobierno. La distorsión viene creada entonces por las leyes de los Estados y muy especialmente por la tan reformada (más bien "deformada") Ley española de Extranjería, que da derechos no por residencia o por asilo, sino exclusivamente por disponer de un contrato laboral vigente. Así que, si para entrar en el Estado español es necesario dicho contrato, sólo podrán entrar 901 nuevos trabajadores que podrán convertirse en ciudadanos con todos sus derechos al menos durante 2009. El resto tendrá que alcanzar dichos derechos a través de otras fórmulas establecidas por la ley: reagrupación familiar, residencia prolongada en el país, etc... Todo esto como solución al gran temor del Gobierno español: que las personas sigan llegando a nuestro territorio sin contrato laboral y por tanto ilegalmente.

Pero como sé que son inteligentes, si han leido hasta aquí, se habrán hecho al menos una pregunta: si para tener todos los derechos y ser legal en el Estado español hay que probar la posesión de un contrato laboral vigente, ¿qué va a suceder con las personas que vinieron y ahora han sido despedidas y llevan meses sin encontrar un empleo? ¿Va a crecer entonces el número de ilegales más entre los que ya viven aquí que entre los nuevos que puedan llegar sin contrato?

Si se lo preguntan a Solbes o a Corbacho les van a decir que sí y que no, y que si las fluctuaciones del mercado y que si lo que aportan a la riqueza del país y que... Sea como sea les pagan para que no respondan la verdad. Y la verdad es que sí. Son ya varias las asociaciones de atención a las personas inmigrantes que exigen una reforma de la Ley de Extranjería. Sus exigencias se centran en el requisito ineludible para que puedan renovar el permiso de residencia en nuestro país. Piden que se les admita algún tipo de documento que pruebe que están buscando trabajo o que han tenido uno, ya que hay muchos que al quedarse sin empleo y tener que acudir a renovar su permiso de residencia se han encontrado sin contrato alguno que presentar y por tanto han perdido no sólo el permiso de residencia sino todos los demás derechos que ello supone.

Dicho en menos palabras: los inmigrantes que llevan años trabajando entre nosotros han ido renovando su permiso de residencia gracias a que han podido ir presentando en cada ocasión un contrato laboral vigente. Ahora hay muchos (especialmente los que trabajaban en el sector de la construcción) que no han podido presentar dicho contrato y por tanto se les ha denegado el permiso de residencia. Así han vuelto a ser ilegales. Sí, tal como suena. A un trabajador autóctono que se queda sin trabajo le dan el correspondiente sueldo de desempleo pero no pierde ninguno de sus derechos. A un trabajador inmigrante se los quitan todos.

Y la siguiente pregunta es obvia: ¿entonces las autoridades españolas los expulsarán a todos? La verdad es que ya lo han intentando con el Plan de Retorno Voluntario que ha sido un gran fracaso ya que sólo un pequeño porcentaje se ha acogido a él. El Gobierno no es tonto y antes de que aumentara el número de inmigrantes desempleados sin permiso de residencia (ilegales) ha pretendido que se fueran ellos solitos sin tener que echarlos.

Pero ni se han ido, ni el Gobierno puede expulsarlos. Con la ley en la mano sería lo que debería estar haciendo, pero ni quiere ni puede, y en último termino no le sería ni económica ni electoralmente rentable. ¿Entonces qué harán esas personas ilegalizadas a causa de su situación de desempleo? ¿Esconderse, robarnos, pedirles cuentas a los sindicatos...?

Nada de eso. Simplemente volverán a hacer lo que ya hacían durante el Gobierno de Aznar. ¿Que no se acuerdan? Exactamente eso: trabajar clandestinamente, es decir, sin contrato, sin derechos. Más claramente: volverán a ser explotados.

Lo que yo no me acabo de explicar es cómo consigue Zapatero vender la Alianza de Civilizaciones a la ONU, quedarse con el papel del 'poli' bueno (y darle el de 'poli' malo a Rajoy) y la mayoría de nosotros creérnoslo todo, sonreír y cuando nos preguntan responder: aquí no se explota a nadie... y rápidamente añadimos la coletilla: si trabajan en esas condiciones es porque ellos quieren, porque lo necesitan, nosotros no les obligamos.

¿Están seguros de que no les obligamos? Lástima que las leyes de inmigración se centren en los intereses de las empresas que buscan fuerza de trabajo barata y no en las necesidades de las personas inmigrantes.