Aliviar la pobreza de los que siempre están en crisis

Mientras nuestro Gobierno reivindica la condición de España como octava potencia económica del planeta, uno de cada cinco habitantes del país vive con ingresos situados por debajo del umbral de pobreza relativa. Ocho millones y medio de pobres en una nación tan próspera como la nuestra es una realidad política y moralmente inadmisible. Porque este ingente número de pobres no es producto de la actual crisis. Buena parte de ellos son "pobres por decreto", ya que es por Real Decreto Ley la vía por la que se establecen pensiones de miseria. Una renta mínima de ciudadanía, garantizada por el Estado, acabaría con esta situación, y su coste sería sensiblemente inferior al coste de salir al rescate de los banqueros causantes de la crisis.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha desplegado una intensa campaña para asegurar la presencia de nuestro país en la cumbre de Washington. Una reunión al más alto nivel convocada para buscar salidas a la crisis económica provocada por la delincuencia financiera internacional. El principal argumento para la presencia de España es que se trata de la octava potencia económica del planeta. Una calificación cuyo brillo queda empañado ante otro dato significativo: uno de cada cinco habitantes del país vive con ingresos situados por debajo del umbral de pobreza relativa. Ocho millones y medio de pobres en una nación tan próspera como la nuestra es una realidad política y moralmente inadmisible.  

Este ingente número de pobres no es producto de la actual crisis. El informe sobre Condiciones de vida de la población pobre en España, publicado en 1998 por la Fundación Foessa, vinculada a Cáritas Española, puso de relieve esa sangrante realidad sobre la que los políticos y los agentes sociales pasan de puntillas procurando mirar hacia otro lado. El pasado mes de octubre de 2008, apareció el VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, de la citada fundación. La principal conclusión del documento es que el crecimiento de la actividad económica reflejado en el crecimiento del Producto Interior Bruto durante los últimos diez años, no ha tenido apenas efecto sobre la redistribución de la riqueza ni la mitigación de la pobreza.

Las cifras son coincidentes con las que anualmente publica la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el INE. Lo que demuestra que en nuestro país la pobreza convive también con esas épocas doradas de plétora económica y derroche consumista. Al fin y al cabo, alguien tenía que pagar esos Porsches Cayennes a bordo de los cuales se pasean los especuladores. Como apuntó Adam Smith, el profeta del liberalismo: “Cuando hay grandes propiedades hay grandes desigualdades. Por cada hombre muy rico debe haber al menos quinientos pobres” (Una Investigación sobre la Riqueza de las Naciones).

Thomas Paine, un temprano defensor de los derechos humanos, también rechazó con contundencia que la pobreza sea una cualidad inherente a la condición natural del ser humano. Escritor y activista revolucionario que jugó un destacado papel en el proceso de independencia de los Estados Unidos de América del Norte, en 1776, Paine afirmó que: “Si ese estado que se llama orgullosamente, quizá de modo erróneo, civilización ha promovido más la felicidad general del hombre o la ha dañado más es una cuestión que puede ser fuertemente contestada. […]. Lo más opulento y lo más miserable de la especie humana se encontrarán en los países que se llaman civilizados”.

POBRES POR DECRETO

Como demuestra el panorama de la civilizada España actual, la pobreza no depende tanto del tamaño de la riqueza de una nación como del carácter de las opciones políticas que adopten sus gobiernos. Con el mismo presupuesto se puede elegir entre comprar cañones o mantequilla. Gran parte de los ocho millones y medio de pobres españoles lo son por decreto. Y esta afirmación no es mera retórica: se trata de personas que dependen de ingresos cuya cuantía ha sido deliberadamente establecida por debajo del umbral de pobreza por los políticos rectores del sistema de protección social. La acción de gobierno se sustancia a través de decretos. De manera que es por decreto como se establece la pobreza de millones de jubilados que reciben pensiones mínimas, de los perceptores de pensiones asistenciales y de quienes reciben prestaciones del subsidio por desempleo. Todos ellos son pobres en virtud de Reales Decretos-Leyes sancionados por el Jefe del Estado.

Algo parecido sucede con esas rentas de indigencia que los servicios sociales de las administraciones autonómicas facilitan a las personas que acreditan hallarse en situación de evidente pobreza. Prestaciones de cuantía asimismo por debajo del umbral de pobreza. Para tener derecho a ellas, los interesados, al igual que los antiguos pobres de solemnidad, deben acreditar su pobreza sometiéndose a las severas y a menudo humillantes inspecciones que efectúan dichos servicios. Si superan lo que en el argot administrativo asistencial se conoce como prueba de recursos (means test) obtendrán entonces alguna de esas ayudas. Concedidas, eso sí, bajo ese principio de la hipocresía política que persigue la “inserción social” de los afectados.

HACIA UN INGRESO DE CIUDADANÍA

Un genuino ciudadano no necesita ser insertado en ningún lugar, pues, por propio derecho, forma parte del cuerpo social en el que reside la soberanía. Por ello, en el pensamiento político avanzado cobra cada vez mayor fuerza la propuesta de establecer un ingreso de ciudadanía. O lo que es lo mismo: una renta pagada por el Gobierno, con carácter universal, que ofrezca a todas las personas la garantía de que no les ha de faltar un suelo material mínimo sobre el que construir una vida en libertad.

La primera formulación de este derecho se la debemos al mentado Thomas Paine, quien propuso crear un fondo nacional, del cual se pagaría a cada persona, al alcanzar la edad de veintiún años, “la suma de quince libras esterlinas, como compensación parcial por la pérdida de su herencia natural causada por la introducción del sistema de propiedad territorial. Y además, la suma de diez libras al año, de por vida, a cada persona actualmente viva de cincuenta años de edad, y a todos los demás cuando alcancen esa edad.” Nótese que el ingreso propuesto por el republicano Paine tiene un carácter de derecho civil, nada que ver con un socorro de pobres: “Al defender el caso de las personas así desposeídas —dice Paine— estoy haciendo un alegato por un derecho, y no por una caridad”.

Esta idea ha sido defendida posteriormente por eximias personalidades del mundo de la ciencia, como Norbert Wiener o J. Robert Oppenheimer. A partir de 1985, la idea fue relanzada con fuerza desde la Universidad de Lovaina por el colectivo Charles Fourier, liderado por Philippe Van Parijs y Robert Van der Veen. Este grupo fue el precursor del actual movimiento internacional Basic Income Earth Network (BIEN) que aboga por el establecimiento del ingreso garantizado definido como: Un ingreso pagado por el Estado a cada miembro pleno de la sociedad de forma absolutamente incondicional. Lo que que implica que lo recibirá cada persona: a) incluso si no quiere trabajar; b) sin tener en cuenta si es rico o pobre; c) sin importar con quien vive; d) con independencia de la parte del país en la que viva.

Una renta que no tenga la contrapartida del trabajo suscita abundantes críticas nucleadas en torno al tópico fácil de la holgazanería. Sin embargo, el Nobel de Economía Herbert A. Simon sostiene que, probablemente, no menos de un 90% de los ingresos generados en las sociedades ricas depende no de la productividad individual, sino del capital social. De manera que no carecería de fundamento moral abogar por un impuesto sobre la renta con tipos elevados, que devolviera la riqueza a sus auténticos propietarios: el cuerpo social en su conjunto.

Las amplias discusiones celebradas a nivel académico demostraron que las objeciones a la propuesta de una Renta Básica Universal carecían de solidez en el plano ético. Entonces, los detractores de la misma echaron mano del argumento económico: “Es de todo punto inviable, dado que su aplicación supondría un 12% del PIB”, según algunos calcularon con no demasiado rigor. Pero esa cifra se convirtió en un estereotipo que sería repetido hasta la saciedad por políticos desinformados, editorialistas temerarios, economistas frívolos y otros especialistas en confundir a la opinión pública.

Todos ellos debieran aprender ahora a echar las cuentas con mayor rigor. Pues los planes aprobados por el Gobierno de España para inyectar liquidez y subsidiar con avales al sistema bancario suponen un desembolso por parte del Erario público de 150.000 millones de euros, es decir, un 15% del PIB. Lo que ha venido a derrumbar el argumento de la inviabilidad presupuestaria de la Renta Básica.Si socorrer a los banqueros, principales responsables de la crisis económica, no plantea un gran problema a las arcas del Estado, entonces, también una Renta Básica es posible, al menos desde el punto de vista macroeconómico.

Dicen que las épocas de crisis son también épocas de oportunidades. Estamos ante una excelente oportunidad para aliviar las consecuencias de la crisis a quienes más lo necesitan: aquellos que siempre viven en crisis.

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