¿Que nosotras pactamos las tarifas? ¡Mentira cochina!

En lenguaje coloquial así podrían resumirse las alegaciones que han preparado los gigantes de las telecomunicaciones móviles españolas ante el informe de la Comisión Nacional de Competencia que les acusa de haber concertado los preciosdel pasado 1 de marzo de 2007.

Casi año y medio después (curiosamente el periodo que suelen exigir a sus clientes en sus compromisos de permanencia) la Comisión Nacional de la Competencia ha emitido un informe en el que menciona que existen indicios de que movistar, Vodafone y Orange pactaron sus tarifas para subirlas en marzo de 2007.

En su momento las organizaciones de consumidores y los propios usuarios ya nos sublevamos, aunque sirvió de poco. El 1 de marzo comenzaron a aplicar sus nuevas tarifas y hasta hoy en día cada uno de nosotros hemos pagado una media de 26 euros más por línea (no quiero calcular cuánto de más he abonado yo que tengo varias) según ha calculado Facua.

Como era de esperar, las ‘tres Marías’ han vuelto a entonar la misma canción de siempre: “No pactamos, somos buenas, dejadnos en paz, que lo único que hacemos es mirar por el bien [de nuestras cuentas de resultados]”.

Y digo yo, ¿qué es lo que entenderá exactamente el organismo que garantiza que haya competencia por pactar? Porque como tenga que demostrar que los señores con traje de cada una de estas multinacionales se reunieron en un sitio secreto para hablar de este asunto y llegar a un acuerdo, mal lo llevamos.

Ahora bien, si lo que pretenden es demostrar (y sancionar por ello) que las compañías que en ese momento controlaban nada menos que el 99% del mercado subieron desorbitadamente (un 25%) el precio del establecimiento de llamada (más los correspondientes ajustes al alza de las tarifas de voz) y exactamente el mismo día (1 de marzo de 2007), me parece de lo más justo.

Es algo obvio y que salta a la vista. Parece absurdo que hayamos tenido que esperar año y medio para que se den cuenta, pero como dice la sabiduría popular: “Más vale tarde que nunca”.

¿Y a qué se exponen las acusadas si la CNC les aplica la máxima sanción? En el peor de los casos (para ellas) tendrían que pagar hasta el 10% de sus ingresos, lo que traduciría en una multa de unos 2.000 millones de euros (la cifra es tan grande que no sé ni traducirla a pesetas). Claro que eso sería lo máximo a lo que tendrían que hacer frente, pero todo este asunto se puede quedar en nada o en un mínimo de 10 millones de euros a pagar entre las tres. Pecata minuta que dirían algunos.

Y en cualquier caso, ¿de qué nos sirve a los consumidores todo esto? De nada. No nos devolverán lo que nos han cobrado de más. ¿No sería más razonable que además de multarlas, les obligaran a bajar el establecimiento de llamada no ya a los 13,92 céntimos de antes, sino a una cifra justa y razonable?