Canarias, ¿Estado Libre Asociado?

Los pasados veintinueve y treinta de mayo Canarias celebró los veinticinco años de la constitución de su primer Parlamento y de su autonomía, respectivamente, sumida en debates de sumo interés acerca de su futuro y el encaje político del archipiélago en el Estado español.

Sede del Parlamento de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.

La transición política de la dictadura a la democracia constituyó un periodo de agitación y discusión política sin parangón en la historia de las islas, al igual que en el resto del Estado español. Muchos de aquellos debates nacieron y murieron con el espíritu de la época –la vía descolonizadora africanista preconizada por Antonio Cubillo y sus acólitos o la transición hacia un Estado de carácter socialista- pero otros han reaparecido con inusitada fuerza al calor de la lucha partidista. Así pareció suceder cuando el pasado 13 de abril, Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, una de las dos capitales del archipiélago y destacado dirigente de Coalición Canaria, publicó un artículo en el rotativo tinerfeño El Día donde defendía la posibilidad de avanzar hacia una fórmula de Estado Libre Asociado a España, superadora de la actual fórmula autonómica y similar al estatus de Puerto Rico con Estados Unidos. El argumento de base: la España de las autonomías puede ser un buen modelo para territorios como La Rioja, Cantabria o Murcia, pero no para un archipiélago situado a más de dos mil kilómetros y en otro continente, con una realidad económica, social, ambiental, política,... radicalmente diferente.

El debate ha atravesado la sociedad canaria. No sólo desde las páginas de El Día, el periódico más leído de las islas, se ha argumentado a favor y en contra, sino que la clase política entera se ha visto obligada a pronunciarse. Los partidos políticos estatales han descalificado inmediatamente la propuesta por ser una “estupidez y necedad”, en palabras de López Aguilar, secretario general de los socialistas canarios. José Manuel Soria, líder de los populares en las islas, se ha apresurado a asegurar que “es rotundamente falso que Paulino Rivero, presidente del Gobierno y líder de Coalición Canaria, se haya manifestado en esos términos”. Sin embargo, destacados dirigentes de Coalición siguen agitando en la prensa de las islas el debate haciendo referencias a Puerto Rico o incluso a las islas Feroe. No son pocos los que afirman, por otra parte, que tras el supuesto “giro secesionista” de Coalición –una fuerza que siempre se ha movido en los parámetros del nacionalismo moderado- se halla una voluntad de corregir la crisis de resultados en la que se encuentra inmersa. En esa misma línea, sólo un afán de distraer a la opinión pública movería a Miguel Zerolo a impulsar este debate, acorralado como está por los últimos escándalos urbanísticos. No faltan los analistas que aseguran que existe una redefinición ideológica de Coalición Canaria de cara a su próximo Congreso Nacional. Por su parte, el antiguo presidente autonómico, Lorenzo Olarte, fundador de Coalición Canaria, durante la conmemoración oficial del aniversario del Parlamento, insistía en que “el debate sobre la soberanía no tiene razón de ser” aunque al mismo tiempo animaba a que aquellos que sean partidarios “avancen en su pensamiento”, en lo que parece ser un guiño a los sectores más proclives a la renegociación del modelo actual. Por último, el mismísimo Vidal Quadras, dirigente del Partido Popular catalán, ha terciado en la polémica para arrepentirse de no haber dejado gobernar al PSOE en Canarias, pues Coalición Canaria es una fuerza cuyo “programa de máximos es el Estado Libre Asociado”.

A día de hoy, la línea oficial de Coalición Canaria a este respecto pasa por promulgar el reconocimiento de un estatus específico para las islas –diferente al actual de Comunidad Autónoma- en una futura reforma de la Constitución española. Esta aspiración igualaría al reconocimiento ya logrado en los Tratados de la Unión Europea, que consagran a las islas como Región Ultraperiférica al igual que Martinica, Azores, Madeira, Guyana, Guadalupe y Reunión: un estatus con carácter permanente del que las élites económicas de las islas, pero no exclusivamente ellas, se han beneficiado con creces desde su promulgación. Puntos clave en ese hipotético nuevo estatus dentro del Estado español harían referencia a la competencia exclusiva sobre las aguas canarias -actualmente aguas internacionales- puertos, aeropuertos, relaciones exteriores con países vecinos y aquellos países de fuerte influencia canaria, etc. hoy en manos del Gobierno de España. Otras áreas más delicadas serían aquellas que entrarían en conflicto con la legislación comunitaria, a saber, la posibilidad de limitar la residencia de foráneos en las islas o las segundas residencias, al estilo de microestados como San Marino o Malta. De telón de fondo, obviamente, el modelo de financiación autonómico.

Así las cosas, estando pendiente la reforma del Estatuto de Autonomía de las islas, nacionalidad desde 1996 y con un nivel de autogobierno similar al de las nacionalidades históricas, es previsible que el debate continuará por algún tiempo más. Parece deseable que los partidarios de la propuesta hagan un esfuerzo pedagógico que sirva para conocer mejor qué es un Estado Libre Asociado, su viabilidad, sus fortalezas y sus debilidades,… Las patronales de empresarios de las islas, por su parte, parecen moverse entre el miedo a que un debate de este tipo ahuyente la inversión extranjera y el indudable encanto que un estatus tan ventajoso como el que se posee en Europa encuentre algún tipo de reflejo en el Estado español. El que el Estado Libre Asociado pase de ser una simple arma arrojadiza entre dirigentes de partidos a convertirse en una demanda de amplios sectores de la sociedad canaria  sólo podrán decirlo el tiempo y la futura correlación de fuerzas en un panorama político tan complejo y particular como el de las islas. O quizás, como ocurrió con tantos otros debates pasados, muera con el espíritu de su época.