Toni Molls es un payés de Ferrerías (Menorca) como cualquier otro. Sin embargo, sus productos agrícolas tienen una particularidad: son promocionados por una organización ecologista, el GOB. ¿El trato? Cultivar sus tierras de forma sostenible.
Este agricultor forma parte del proyecto "Conversar per conservar" de custodia de territorio que lleva a cabo el GOB de Menorca para conseguir que los payeses y propietarios de las fincas se comprometan a desarrollar una gestión agraria responsable, que permita mantener una producción de calidad y a la vez preservar la biodiversidad de estas zonas rurales.
A cambio, esta organización ecologista se compromete a su vez a colaborar en la promoción de la finca frente a otros agentes, públicos o privados, con la finalidad de conseguir ayudas directas o vías de comercialización en beneficio de la finca. Los propietarios de las fincas también reciben beneficios de la venta de sus productos en la Agrobotiga, donde se ofrece información para el comercio directo entre productor y consumidor. Por otra parte, existen acuerdos entre los propietarios de las fincas y los hoteles de la zona para que los turistas que se alojen en ellos hagan excursiones a las fincas privadas. Los visitantes de Menorca, además de sol y playa, buscan admirar el paisaje que han conservado los payeses, y por tanto este es un modo de revertir el beneficio económico del turismo sobre ellos.
Para Molls, "lo más importante es la promoción que hace el GOB de nuestros productos en la isla, por ejemplo, en las ferias gastronómicas, donde se promociona la venta directa de modo que nuestros ingresos económicos son más altos". En las 60 hectáreas de su finca "La Marcona", este payés produce hortalizas y una variedad de trigo local de donde obtiene harina para producir de forma artesanal el pan. Mientras tanto, el GOB hace un seguimiento de su finca para comprobar que se está gestionando de una forma sostenible. "Cuando firmé al principio este convenio, pensé sinceramente que todo se iba a quedar en un acuerdo de "buenas voluntades", asegura Molls. "No me imaginé que esto iba a crecer tanto como para montar incluso una agrotienda". "Algunos agricultores que se planteaban abandonar sus tierras por la crisis agraria, no lo han hecho gracias a que la nueva gestión sostenible en la que se han volcado es económicamente más rentable", asegura este agricultor menorquín. "De todos los que han entrado en este proyecto, ninguno se ha salido".
Además de los ingresos que obtienen los payeses con la venta de sus productos, los propietarios de las fincas pueden recibir ayudas económicas de hasta 6.000 euros por finca directamente de la Administración
Además de los ingresos que obtienen los payeses con la venta de sus productos, los propietarios de las fincas pueden recibir ayudas económicas de hasta 6.000 euros por finca directamente de la Administración. El Consell Insular cuantifica el trabajo que están haciendo los payeses en sus fincas en materia de conservación del territorio —el 80% de la gestión de la isla corresponde a la agricultura— y otorga compensaciones económicas a las buenas prácticas de conservación.
El sector agrario de Menorca parece estar adaptándose bien a este nuevo modelo de agricultura. Este año ya se han acogido 115 propiedades a este proyecto, se han desarrollado más de 14 'Acuerdos Voluntarios de Prácticas Agrarias Sostenibles' que suman una superficie aproximada de 1.200 hectáreas.
Con estos acuerdos, los payeses y propietarios cumplen una serie de medidas beneficiosas para la conservación de los valores naturales. Estas 38 medidas se agrupan en:
Implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación de los valores naturales, culturales y de paisaje y en el uso sostenible de los recursos es una necesidad ante el modelo de conservación clásico, donde la mayor parte de las soluciones a los problemas que atañen al medio ambiente está en manos de la Administración. Ante una sociedad que evoluciona rápidamente y unos problemas que se han de tratar desde diferentes perspectivas es un error pretender que las instituciones públicas lo resuelvan todo. Hay que tratar de responsabilizar a la sociedad y en concreto a los propietarios y usuarios del territorio en su conservación.
Para sensibilizar al resto de la población menorquina, y ayudar a los propietarios a mantener el paisaje y la biodiversidad, el GOB organiza jornadas de custodia agraria, donde los voluntarios ayudan en las fincas de ganadería extensiva a realizar labores que los payeses no pueden mantener por su alto coste y falta de tiempo o recursos, como control de zarzales, mantenimiento de acequias para evitar la erosión o reparación de aljibes, entre otros.
La evolución de la actividad agraria en Menorca ha seguido el patrón del resto de la Unión Europea: para lograr beneficios productivos ante un mercado globalizado, o bien se intensificaba la producción con los consecuentes impactos negativos sobre el medio ambiente (como la contaminación de acuíferos por el uso abusivo de pesticidas y herbicidas) y la menor calidad de los productos, o se abandonaban las explotaciones por su escasa rentabilidad. Frente a este escenario y como respuesta a una mayor concienciación de los ciudadanos, va tomando importancia un modelo rentable en términos de coste/beneficio y compatible con la conservación de los recursos naturales: garantizar productos de calidad y que mantengan los valores naturales.
*Vanessa Sánchez es ambientóloga y trabaja en la Fundación Global Nature
(Las conclusiones y puntos de vista reflejados en este artículo son responsabilidad únicamente de su autor y no representan, comprometen, ni obligan a las instituciones a las que pertenece).
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