Estas imágenes le pueden salir muy caras a Ascó

Con más de 22 millones de euros podría ser sancionada la central nuclear de Ascó I, en Tarragona, por la fuga radiactiva detectada en abril. Esta es la sanción propuesta por el Consejo de Seguridad Nuclear al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, una cuantía récord para este tipo de instalaciones.

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La mala actuación de la central nuclear de Ascó tras la fuga radiactiva ocurrida el pasado mes de noviembre y de la cual no se notificó nada hasta cinco meses después, ha sido 'castigada' por el CSN con cuatro sanciones graves y dos leves. La multa definitiva a esta central nuclear gestionada por Endesa podría oscilar entre los nueve y los 22,5 millones de euros, la máxima impuesta a una central nuclear.

Concretamente, el Consejo propone una sanción grave en grado máximo (que supone entre 4,5 y 9 millones de euros); tres graves en grado medio (de entre 1,5 y 4,5 millones) y dos leves en grado medio (que oscilan entre 15.000 y 150.000 euros). Según este organismo encargado de vigilar las instalaciones nucleares, la sanción propuesta para Ascó supera 14 veces a la multa más alta que se ha impuesto por un suceso similar. Fue el caso de la central de Vandellós II, sancionada con 1,6 millones de euros en 2006 .

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La fuga de Ascó tuvo lugar el pasado 26 de noviembre y en ella se detectaron más de mil partículas radiactivas. El incidente fue reclasificado con nivel 2 (sobre 7) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) al considerar que la empresa titular había incurrido en un control inadecuado de material radiactivo y proporcionado información incompleta y deficiente al regulador.

El incidente ocurrió durante una recarga de la Unidad I de Ascó. Un vertido de agua y lodos contaminados junto a la piscina de combustible gastado provocó la contaminación del sistema de ventilación. La emisión de partículas radiactivas se produjo a través de la chimenea de ventilación, y fue el 14 de marzo cuando comenzaron a detectarse estos residuos. No obstante, hasta el 4 de abril, la central nuclear no informó de lo que había ocurrido (ver dossier fotográfico de la fuga de Ascó).

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La presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, ya anunció en junio en el Congreso que el Consejo prepararía un informe para iniciar la apertura de un expediente sancionador por todo lo sucedido. Para este organismo, la no notificación del suceso y la falta de información pronta y veraz sobre la contaminación en la zona de libre acceso fueron errores muy graves. Además, los responsables de la planta tampoco dejaron constancia en los registros de vigilancia de la contaminación encontrada en esa zona. A todo esto hay que sumarle que una vez descubierta la contaminación del emplazamiento, no se estableció el control de contaminación externa del personal y no se clasificaron, señalizaron ni delimitaron radiológicamente las zonas de libre acceso de la central (ver nota del CSN -en pdf-).

Tanto Ecologistas en Acción como Greenpeace consideran insuficiente la sanción propuesta por el Consejo de Seguridad Nuclear. Para el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, "la secuencia de sucesos fue de mal en peor" y en ella hubo desde malas prácticas de un trabajador de la central hasta la manipulación de los contadores y la ocultación de la fuga permitiendo incluso la visita de niños a las instalaciones".

Por su parte, la responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Sara Pizzinato, declara que "estas sanciones son muy blandas y muy flojas". Esta ecologista acusa al CSN de "minimizar" los incidentes ocurridos en Ascó y declara que "la central ha decidido seguir adelante con un beneficio económico muy alto y cualquier sanción que se le aplique seguirá siendo demasiado baja, por lo que la central seguirá ganando".

Por otro lado, la compañía eléctrica Endesa que gestiona Ascó I ha manifestado en un comunicado a través de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV), que no se pronunciará sobre la propuesta de sanción aprobada por el CSN hasta que se lo notifique el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, quien tiene la última palabra para determinar la sanción final a la central nuclear.