El vaivén político del agua

MADRID.-  Cuando parecía que el problema del agua en España estaba ya encaminado en la senda inaugurada en 2004, ha cobrado al inicio de la Legislatura un inesperado protagonismo.

Jaume Sellart (EFE)

Canal de riego de la comunidad de regantes de la derecha del Ebro.

De un lado, la reorganización ministerial, agrupando los antiguos Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente en el nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha dado pie a especulaciones sobre posibles degradaciones tanto del tradicional ministerio de agricultura como del de medio ambiente.

El tiempo dirá cuál es el sesgo del nuevo macroministerio, pero lo que está claro es que en la Legislatura pasada ambos ministerios vivieron agrias y continuas polémicas sobre el tema del agua, con ocasión de la tarifas a los regantes y el desarrollo de los regadíos. El presidente del Gobierno ha debido pensar que es más eficaz tener una sola ministra que dos defendiendo políticas contrapuestas.

Así pues, la nueva ministra debe ahora y con carácter de urgencia resolver un problema del que se han escrito ríos de tinta desde al menos 1997. ¿Cómo asegurar el abastecimiento de agua a, nada más y nada menos, que toda el área metropolitana de Barcelona? Se trata de un asunto de extrema urgencia, porque las reservas a día de hoy de todas las cuencas internas de Cataluña no pasan de 150 millones de metros cúbicos, equivalentes al 20% de la capacidad de embalse, cuando la media de los últimos diez años en estas fechas es de 418. La dilatada entrada en funcionamiento de la desaladora del Bajo Llobregat (con una capacidad de 60 millones de m³/año), prevista para la primavera de 2009, obliga a contar con otras fuentes de recursos suplementarias o asumir el riesgo de que los barceloneses sufran cortes de agua al final del verano.

Había tres alternativas. La primera, y más costosas, consistía en transportar agua del Ródano o Almería por barco o, incluso, por tren de otras procedencias. La segunda, barajada por la Generalitat, consistía en trasvasar aguas del Sègre, principal afluente del Ebro, a través de una tubería colocada en el túnel de servicio del Túnel del Cadí. Y la tercera, y elegida por gobiernos central y catalán, consiste en trasvasar agua del Ebro, aprovechando que ya existe el minitrasvase que conecta el Ebro con Tarragona. De esta forma, la obra exige la construcción de una tubería de unos 62 km conectando Tarragona con la Cuenca del Ter Llobregat, que es fundamental para el abastecimiento del Área Metropolitana de Barcelona. El coste de esta obra asciende a 180 millones de euros, sobre el papel y a día de hoy, y se espera trasvasar unos 40 millones m³, desde su entrada en funcionamento hasta la del desaladora del Llobregat.

Años 1993, 2001 y 2004

Era lógico que esta decisión encendiese la mecha de una agria polémica. Hagamos un poco de historia: en 1993, el Gobierno socialista diseñó un plan hidrológico, sin que llegara a aprobarse, que conectaba el Duero con el Tajo, éste con el Segura y además incluía el trasvase del Ebro hacia Barcelona y Levante. En 2001, el Gobierno del PP aprobó un PHN que solo mantenía el trasvase del Ebro; y en 2004, el Gobierno del PSOE lo derogó, sustituyendo el trasvase con un plan de desaladoras y otras medidas que, en conjunto, han tenido una ejecución incompleta y muy retrasada. Hasta 2003, la Generalitat consideró muy seriamente realizar un trasvase desde el Ródano, proyecto que con el tripartito liderado por Maragall fue también aparcado.

Este insólito vaivén de propuestas y contrapropuestas ha llevado a que el abastecimiento de agua de una gran parte de los catalanes no esté garantizado. Curiosamente, este riesgo no es tan acentuado en las cuencas o subcuencas donde el regadío es un usuario importante del agua (Valencia, Murcia, Alicante y Almería) o donde hay desaladoras (Canarias y Baleares). En el primer caso, porque el agua de los regantes constituye una reserva, siempre disponible, por ley o mediante transacciones con los regantes, para los abastecimientos. Resulta que las Cuencas del Ter y del Llobregat apenas tienen regadíos. De ahí que Barcelona, realmente, esté amenazada por el riesgo de verse sin agua.

El sentido común aconseja dos cosas urgentes. La primera, que demandan todos los ciudadanos que con su dinero pagan a los políticos, es que se reflexione seriamente sobre todo lo sucedido hasta el día de hoy. La gestión del agua debe tener una sólida base científica, para la cual sobran en España personas que la alimentan diariamente. También tiene dimensiones políticas y enfoques debatibles. Pero éstos solo se pueden negociar sobre la base de los hechos y el conocimiento. Todo esto ha faltado en España, paradójicamente cuando mejor preparados estamos para ponerlos encima de la mesa.

El segundo consejo urgente es que se haga lo que sea más racional desde la óptica social, económica y ambiental. No lo que tenga mayor rédito político.

*Alberto Garrido es profesor de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la E.T.S de Ingenieros Agrónomos, de la Universidad Politécnica de Madrid.

(Las conclusiones y puntos de vista reflejados en este artículo son responsabilidad únicamente de su autor y no representan, comprometen, ni obligan a las instituciones a las que pertenece).