La propuesta energética de la UE contra el cambio climático

MADRID.-  El pasado mes, la Comisión Europea dio a conocer su propuesta para hacer frente al cambio climático. Está basada en tres elementos básicos: reducción de las emisiones de CO₂, promoción de las energías renovables y fortalecimiento del sistema de comercio de emisiones.

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Como se dijo entonces, persigue alcanzar los llamados objetivos del 20% para 2020, y que consisten en que en dicho año se hayan reducido un 20% las emisiones de CO₂ con respecto a 1990 (un 30% si se alcanza un acuerdo internacional en este ámbito) y que el 20% de la energía final que se consuma en el conjunto de la Unión Europea sea de origen renovable.

La propuesta ha dado lugar a valoraciones muy contradictorias.

Las organizaciones ecologistas, como Greenpeace o WWF/Adena, consideran que es insuficiente. Defienden que el objetivo marcado de reducción de emisiones no supone un esfuerzo significativo a medio plazo y que no está en consonancia con el acuerdo de Bali, según el cual los países desarrollados deberían reducir sus emisiones entre un 25 y un 40% para el 2020. Y añaden, además, que con ello no será posible mantener la subida de la temperatura media global por debajo de los 2ºC, objetivo ya asumido por la Unión Europea.

Eurelectric, la patronal europea de empresas eléctricas, considera, que "la apuesta es ambiciosa y que se debería apoyar más en el uso de instrumentos de mercado para lograr los objetivos". En el fondo, considera que los objetivos definidos van a tener un elevado coste para la economía y que la apuesta por las renovables es poco razonable, cuando se dispone de otras opciones térmicas en teoría más económicas como la nuclear, los ciclos combinados de gas o el supuesto carbón "limpio".

Las asociaciones de renovables, como APPA o la Plataforma Eólica, la han valorado muy positivamente pues consideran que todas las medidas planteadas van en la dirección correcta, ya que representan un enorme impulso a las energías renovables, fomentan la internalización de los costes ambientales, mejoran el sistema europeo de comercio de emisiones y establecen objetivos exigentes por países sobre incremento de la cuota de energías renovables y sobre la reducción de emisiones para el final del periodo.

Por último, los grandes consumidores de energía y las industrias más emisoras de CO₂ mantienen que el esfuerzo requerido va a implicar costes importantes que les hará perder competitividad en un mercado internacional en el que las empresas no europeas no tienen las mismas obligaciones.

A mi entender, la propuesta presentada es ambiciosa, pero alcanzable y sobre todo debe ser considerada como una apuesta estratégica con un claro trasfondo económico e industrial.

Es decididamente ambiciosa porque marca objetivos importantes para la UE y para cada uno de los países miembros. Su aplicación en España, implica pasar de producir de un 8,5% de energía final renovable que tiene en la actualidad a un 20% en 2020. Y para ello cuenta con las renovables eléctricas (como la eólica, las solares, la hidráulica), los biocombustibles y las fuentes renovables de generación de calor (como la leña o solar térmica de baja temperatura). En términos eléctricos, ello significaría, de acuerdo con las estimaciones realizadas, que el 43% de la energía que se consuma en España en 2020 deberá ser de origen renovables, muy por encima del 25% actual. Y para llegar a este objetivo habrá que instalar, según estimaciones realizadas en los últimos meses, unos 40.000 MW eólicos, 3.000 MW de solar termoeléctrica, 2.000 MW de biomasa, lo que triplicaría la potencia instalada de estas tecnologías en sólo 12 años.

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Considero que los objetivos propuestos son viables. Tanto en lo que se refiere a la reducción de emisiones de los grandes sectores incluidos en la Directiva de Comercio de derechos -donde existe, en especial en el sector eléctrico, un enorme potencial de reducción a través de la sustitución de la producción de las centrales de carbón existentes por la más limpia de los ciclos combinados de gas-, como en el desarrollo de las renovables, en las que observamos un potencial enorme en fuentes como la eólica, la solar o la biomasa a costes muy competitivos (ver por ejemplo, el estudio Green X de la Comisión Europea). Más complicado se presenta el reto de reducción en los sectores denominados difusos, que incluye sobre todo el transporte, un sector que aunque ha experimentado mejoras en su rendimiento, tiene unas emisiones difíciles de controlar y reducir dado su constante crecimiento.

Y hay que contemplarla y valorarla, finalmente, como una apuesta estratégica, en especial la relativa al desarrollo de las renovables. Porque el desarrollo de estas energías no sólo contribuirá a reducir las emisiones y a mejorar la seguridad energética de la Unión Europea, sino que además colocará a la industria europea en una situación de privilegio para liderar el cambio mundial del modelo energético .

Hemos de partir del hecho incontrovertible de que el modelo energético mundial es ya insostenible. Y ello es así porque está basado en el uso de combustibles fósiles finitos y porque es, además, el principal factor que incide en los procesos del cambio climático que conocemos en la actualidad, a su vez el principal problema ambiental y económico al que se enfrenta la Humanidad. Y cada vez es más evidente que el modelo ha de orientarse hacia uno más sostenible en el que las energías renovables habrán de desempeñar un papel clave. Así, las economías que antes entiendan esta cuestión y se adapten al cambio necesario que debe producirse tendrán una oportunidad de más y mejor desarrollo para sus sociedades. Así lo ha entendido la Unión Europea, que pretende liderar el proceso a escala mundial y aprovechar las oportunidades de desarrollo que pueden surgir.

La Comisión Europea reconoce que a corto plazo la propuesta tiene costes económicos: y los ha valorado en un 0,5 del PIB en 2020. Pero también ha puesto de manifiesto que el coste de la inacción sería diez veces superior en términos de contaminación y degradación ambiental. Sin embargo, a la hora de valorar estos costes, no está considerando las oportunidades económicas que podrán surgir a largo plazo. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, la potencia instalada en energías renovables en el mundo pasará de los 926 GW actuales a 2.300 GW en 2030, con un protagonismo de la eólica, las energías solares y la hidráulica. Este crecimiento de un 40% anual en el periodo supone una inversión de 100.000 M€ al año, o 2,5 billones de euros en el periodo hasta el año 2030. Se trata de un mercado enorme en el que los pioneros estarán en una posición privilegiada para aprovecharlo.

La inercia de lo ya conocido, lo ya probado, nos impide, en ocasiones, admitir la necesidad del cambio, la reorientación de los modelos de desarrollo. Es necesario el cambio, más allá de las cifras, por estrictas razones de supervivencia, si se tiene una mínima visión de futuro. Pero también es una buena oportunidad de negocio, no nos equivoquemos, de desarrollo, de crecimiento económico y social para nuestras sociedades. Estamos obligados a seguir esa dirección con decisión, sin vacilaciones. Nos va en ello el futuro.

*Gonzalo Sáenz de Miera es economista y promotor del GTPES (Grupo de Trabajo sobre Políticas Energéticas Sostenibles)