Las acusaciones populares en el llamado "caso del ácido bórico" solicitan penas de entre 6 y 9 años de cárcel y de entre 6 y 18 de inhabilitación especial para los cuatro jefes de los tres policías que elaboraron un informe sobre dicha sustancia en el que relacionaban ETA y los atentados del 11-M. En el juicio, que se ha iniciado hoy en la Audiencia Provincial de Madrid, el fiscal no acusa a los procesados ya que pidió el sobreseimiento del caso al estimar que los hechos no son constitutivos de delito, al igual que hizo la Abogacía del Estado.