Los desastres ecológicos suelen acabar en un limbo jurídico

MADRID.-  La justicia francesa ha condenado a la petrolera Total a pagar 375.000 euros, la multa máxima prevista por la ley por un delito de contaminación marítima, e indemnizaciones por valor de 192 millones de euros por el desastre ecológico del 'Erika'.

(REUTERS)

El petrolero Erika.

La sociedad de inspección de barcos Rina, el armador y el gestor del petrolero 'Erika' pagarán las reparaciones conjuntamente con Total. En 1999 este barco, que tenía más de 25 años, se hundió en las costas francesas de Bretaña, vertiendo al mar 20.000 toneladas de fuel que causaron una marea negra que afectó a más de 400 kilómetros de costa.

Los abogados de la petrolera ya han aconsejado a la compañía que recurra la resolución de los tribunales. La marea negra se sumirá previsiblemente en un farragoso laberinto judicial de apelaciones y recursos. Pese a la contundencia de la sentencia, la experiencia y la historia nos enseñan que de aquí a que alguien llegue a pagar un solo euro pueden pasar muchas cosas. Y mucho tiempo.

Una multa reducida a la mitad

Algo así sucede con el caso del 'Exxon Valdez'. En 1989, el buque chocó contra un arrecife coralino. Esta vez fueron 42 millones de litros de crudo los que dejaron 2.400 kilómetros de la costa de Alaska empantanados de fuel. Los ecosistemas marítimos de la zona todavía se están recuperando de la catástrofe.

El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció que iba a estudiar la demanda a Exxon Mobil que establece que la compañía debe pagar una multa de 2.500 millones de dólares. La indemnización primitiva ascendía a los 5.000 millones, convirtiéndose en la más alta nunca impuesta a una compañía privada por daños y perjuicios. Pero las sucesivas rebajas fruto de las apelaciones de la petrolera la han reducido a la mitad.

Exxon Mobil ha alegado durante todo el proceso, uno de los más largos de la historia de Estados Unidos, que 2.500 millones de dólares es una cantidad muy alta que la ley marítima no permite imponer. Se calcula que la compañía genera esta cantidad de beneficios en algo más de tres semanas. Sólo entre abril y junio de 2007 obtuvo un beneficio neto de 10.260 millones.

Aznalcóllar y el Prestige

En España también tenemos cierta experiencia de catástrofes sin responsables. Nueve años después de que un vertido tóxico en las minas de Aznalcóllar (Sevilla) contaminara el río Guadiamar y parte del Parque Natural de Doñana, todavía no se ha resuelto si la empresa sueca Boliden deberá pagar los 89,9 millones de euros que la Junta de Andalucía empleó en recuperar la zona contaminada.

La indemnización del 'Exxon Valdez' se redujo en los tribunales de 5.000 a 2.500 millones de dólares.

Y el pleito durará todavía varios años más, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya dictaminado hace apenas un mes que la Junta no tenía "precepto legal alguno" para exigir la reparación de daños.

El caso del petrolero 'Prestige', que en 2002 derramó 11 millones de litros de fuel en las costas gallegas, es más enrevesado. Un maremágnum de responsabilidades ha hecho que el proceso por la peor catástrofe ecológica de España naufrague más aún que el propio barco.

La instrucción, por la que ya han pasado ocho jueces diferentes en Corcubión, no está ni siquiera terminada. El último varapalo procesal que ha recibido ha sido en Nueva York, donde un juzgado ha desestimado la demanda que España presentó contra la empresa estadounidense American Bureau of Shipping (ABS), que certificó que el envejecido 'Prestige' era apto para transportar combustible.

Más de 20.000 muertos sin homicida

Sin embargo, que las compañías acaben recibiendo multas es lo que pasa en el mejor de los casos. En muchas ocasiones los desastres ecológicos quedan totalmente impunes.

Hace ya 23 años que en Bhopal (India) hubo una fuga de más de 40 toneladas de gases tóxicos en una fábrica propiedad de la multinacional americana de pesticidas Union Carbide (hoy fusionada con Dow Chemical). Un total de 8.000 personas murieron por exposición directa a los gases y 15.000 más lo hicieron más tarde por las secuelas.

Union Carbide nunca dio información ni a los afectados ni a los médicos indios sobre la composición de los gases liberados ni sobre los efectos sobre la salud, alegando que la fórmula era secreto de fabricación.

La empresa abandonó el país sin responder por los daños causados. Y no sólo abandonó su fábrica, sino que también dejó allí los tanques llenos de residuos químicos peligrosos que podrían salir a la superficie en cualquier momento por acción de los agentes erosivos. Ni siquiera se ha celebrado juicio.